SEVILLA 15 Nov.

El grupo político Adelante Andalucía ha exigido este viernes una "comparecencia extraordinaria" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz. Su objetivo es que explique cómo ha sido posible desviar cientos de millones de euros de la sanidad pública hacia la sanidad privada de manera arbitraria, presuntamente eludiendo la normativa vigente con una regulación que ya había sido derogada.

El portavoz de la formación, José Ignacio García, ha planteado esta solicitud en un momento crucial, justo tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha convocado a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, así como a sus predecesores, Diego Agustín Vargas y Miguel Ángel Guzmán, en el contexto de una investigación abierta tras una denuncia presentada por el PSOE de Andalucía. Esta denuncia se centra en la contratación de emergencia llevada a cabo por el SAS entre 2021 y 2023.

En sus declaraciones a los medios en Sevilla, García señaló que, después de que la citación judicial de los directores del SAS saliera a la luz el jueves pasado, reclamaran la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y ahora enfocan sus esfuerzos en instar a una "comparecencia extraordinaria del presidente Bonilla para que ofrezca explicaciones sobre este asunto".

"Es imperativo que haya dimisiones y queremos respuestas en el seno del Parlamento, estamos solicitando un pleno extraordinario", reafirmó el portavoz de Adelante Andalucía.

García también enfatizó que "no nos agrada tener que hablar sobre corrupción en Andalucía, pero es una obligación", argumentando que "lo que está ocurriendo supera todos los límites de la corrupción" a lo que se ha referido como "las tramas corruptas del Partido Popular dentro del Servicio Andaluz de Salud".

El portavoz destacó la contradicción en las declaraciones del Partido Popular y del presidente Bonilla, quien en ocasiones anteriores había afirmado que "no hay imputaciones, no hay irregularidades", ahora puesto en duda con la revelación de que "ya hay tres personas imputadas, los máximos responsables de la sanidad pública se enfrentan a imputaciones".

Recordó también promesas del Gobierno andaluz, quienes afirmaron haber detenido contratación con esas empresas mediante métodos ilegales en marzo de 2023; sin embargo, García indicó que "esa afirmación ha resultado ser falsa, pues han continuado realizando contratos a dedo con estas empresas de sanidad privada hasta este verano, lo que significa que la cifra total de contrataciones supera los 300 millones de euros en este escándalo del Servicio Andaluz de Salud".

"¿Cuántas más irregularidades se necesitan para catalizar una acción real?", se preguntó José Ignacio García, quien advirtió que "todos los principales responsables de la sanidad pública en Andalucía, incluyendo a la entonces consejera de Salud, y actualmente de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, aún ocupan sus cargos públicos de alta relevancia", insinuando que "parece que nos están tomando el pelo".

Además, García subrayó que la situación ha escalado al punto de que los líderes políticos implicados en la contratación de emergencia sanitaria han llegado a ser imputados, lo que obliga a la gerente del SAS a comparecer ante un juzgado por un posible delito de prevaricación con fondos públicos.

Explicó también las circunstancias de las contrataciones, que suman "243 millones de euros destinados a empresas de sanidad privada, todo ello sin ajustarse a la normativa, utilizando una regulación ya derogada y sin concurrencia competitiva", subrayando que "ya hay cargo imputado, tanto la actual gerente como los anteriores".

García recordó el caso de uno de los exdirectores del SAS, Miguel Ángel Guzmán, quien, después de haber otorgado decenas de millones a la empresa Asisa, intentó convertirse en directivo de la misma. Sin embargo, dicha maniobra se frustró gracias a la presión ejercida por la oposición y los medios de comunicación, lo que puso de manifiesto una "evidente puerta giratoria".

El portavoz de Adelante Andalucía criticó al Gobierno andaluz por la forma en que se ha administrado la contratación sanitaria, sugiriendo que "puede ser utilizada para beneficiar a unos pocos, permitiendo que empresas como Asisa, Quirón y Viamed se enriquezcan a costa del sufragio público". Indicó que "Asisa, que es la entidad que ha acumulado más fondos de esta dilapidación presupuestaria presuntamente ilegal y que actualmente está bajo investigación, es la misma que quiso posicionar como directivo a quien le había otorgado decenas de millones, y además organizó cuatro eventos de campaña del Partido Popular en 2023".

"Esto es una situación que resulta clara y evidente. No tiene justificación", concluyó contundente.