• domingo 5 de febrero del 2023

Afirman el trámite contra Antonio Rivas y seis investigados mucho más por 3 millones en ayudas de una parte de los ERE

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SEVILLA, 20 Dic.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un coche en el que acuerda proseguir como trámite abreviado las diligencias anteriores consecutivas contra siete personas investigadas en una parte separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las supuestas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía habría concedido por un importe total de 3.104.791,82 euros a la compañía Intesur SAU.

En un coche fechado el día pasado 16 de diciembre y notificado este martes a las partes, el magistrado toma esta resolución "por si acaso los hechos denunciados tengan la posibilidad de ser constitutivos" de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad reportaje, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones presentadas a fin de que, en el período de veinte días, pidan la apertura del juicio oral elaborando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, extraordinariamente, la práctica de diligencias complementarias imprescindibles para elaborar la acusación.

Los investigados en esta parte separada del caso ERE son el ex- encargado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas; tres representantes de la mediadora Vitalia, 2 'intrusos' (adjudicatarios de pólizas de seguro más allá de no ser trabajadores de la compañía), y un gerente del sindicato CCOO. Asimismo, el magistrado dirige el trámite, en calidad de causantes civiles subsidiarios, contra Vitalia, CCOO-Industria, la Confederación Sindical de CCOO y la Confederación Sindical de CCOO-A, como ha reseñado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una publicación oficial.

El juez enseña que es imposible depurar la viable compromiso penal ni seguir el trámite por su participación en estos sucesos contra otros 4 ex- altos cargos de la Junta, ya que "ahora habrían sido imputados por la perpetración de esos en el trámite abreviado relativo a la ilicitud penal del llamado trámite concreto instaurado para llevar a efecto la ilegal concesión de ayudas por la parte de los causantes de la Junta", siguiendo de esta forma el método "a dicho efecto predeterminado" por la Sección Séptima de la Audiencia en diferentes coches a través de los que confirmó "de manera expresa" la exclusión como investigados en esta causa de los convocados ex- altos cargos.

En el coche, el magistrado precisa que el objeto de esta parte separada del caso ERE "lo forma la supuesta ilicitud de las ayudas sociolaborales o inusuales facilitadas y abonadas desde 2003" por la Dirección General de Trabajo a la mercantil Intesur, precisando que el importe de estas "supuestas subvenciones graciosamente concedidas por la Junta se levantan, por lo menos, a la suma de 3.104.791,82 euros" y habrían tenido por objeto, esencialmente, "el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores" de la compañía (prejubilados) damnificados por 2 ERE diferentes a través de la financiación de un seguro de rentas.

Según afirma el juez, "frente al planteo del pertinente ERE, los investigados habrían logrado el otorgamiento de unas supuestas subvenciones públicas, de manera arbitraria y también injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía, subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente a través de negociaciones verbales, ajeno de cualquier atisbo de propaganda y de espaldas al trámite legalmente predeterminado".

De este modo, los investigados "se habrían concertado para hallar el otorgamiento ilícito de las ayudas" similares en el coche con el pertinente directivo general de Trabajo, "con quien rematan la presentación de unos ERE y la formalización de las que corresponden pólizas de seguro, con la participación de la mediadora Vitalia, impuesta desde la Dirección de Trabajo, favoreciendo la inclusión fraudulenta y también irregular --aparte de la de ellos mismos--, como adjudicatarios de la pertinente póliza", de tres "intrusos", uno ahora fallecido.

Con relación a los 2 'intrusos' contra los que se dirige el trámite, el instructor apunta que no tenían relación laboral con la compañía, pero habrían sido incluidos "irregularmente" como asegurados en la pertinente póliza de seguro de rentas merced a "su relación de amistad y vínculo" con el ex- encargado de Empleo de la Junta en Sevilla que consta como investigado en esta parte separada, del que el juez resalta "su activa participación en la incorporación de los referidos intrusos". Estos 2 "intrusos", además de esto, "habrían podido reportar a otros sujetos de la presencia y oportunidad de conseguir estas "ayudas", como adjudicatarios irregulares de pólizas de seguro de rentas de prejubilación de trabajadores de compañías aún en el momento en que no hubiesen trabajado para exactamente las mismas".

De esta forma, y "prevaliéndose" de estas relaciones personales, los "intrusos" contra los que se dirige la causa "permitieron que los intercesores de las pólizas de seguro les incluyesen como adjudicatarios de las referidas pólizas" a pesar de que "jamás habrían sido trabajadores de la compañía Intesur", al paso que el gerente del sindicato CCOO investigado en este trámite "habría asimismo cooperado activamente en la concesión y obtención, de forma ilegal y fraudulenta, de las ayudas", de manera que "desde su situación como gerente de CCOO, y a propósito de su visible y grosera ilegalidad, habría permitido su concesión haciendo gestiones sobre esto con los causantes de la Consejería de Empleo con el objetivo de que Intesur y los "intrusos" consiguieran de manera irregular los fondos públicos en compromiso".

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