MÁLAGA, 17 Oct.

El alcalde de Nerja (Málaga), José Alberto Armijo, ha asegurado este lunes en su declaración como acusado que no era siendo consciente de que hubiese vertidos sin control en la región de la cantera al lado del Río de la Miel, puesto que absolutamente nadie le advirtió de ilegalidad alguna; sino ha asegurado que lo único que se pretendía era, depositando escombros, volver a poner "el gran boquete" que había dejado el explotador de exactamente la misma.

El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga empezó este lunes el juicio a Armijo (PP) y a otros siete acusados en la situacion del vertedero en teoría ilegal. La Fiscalía solicita para los procesados un par de años de prisión y 18 meses de inhabilitación particular para profesión u trabajo por un delito contra los elementos naturales y el medio ambiente. La vista oral prosigue el miércoles y se extenderá a lo largo de un par de meses.

Además del regidor, están acusados una concejala y seis hombres de negocios; y seis compañías como causantes civiles. En esta causa se ha investigado la presencia desde hacía unos 15 años de un vertedero situado en la región de Río de la Miel, en las inmediaciones del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que en teoría se vertía "de forma incontrolada restos de la construcción, peligrosos y podas", lo que provocaría esenciales peligros.

En su declaración, Armijo ha insistido en múltiples oportunidades en que se actuó con el objetivo de "volver a poner la cantera", en tanto que el explotador de exactamente la misma no había cumplido el plan pensado en este sentido; y ha incidido en que con la actuación, para la que se solicitó autorización, se resolvía ese "inconveniente medioambiental", aparte de evadirse vertidos "incontrolados" por diferentes áreas de la ciudad.

Para esto, el que fuera concejal de Medio Ambiente entonces acordó con hombres de negocios que se depositaran escombros por el hecho de que "o se tapaba de este modo o no había otra forma", explicó, señalando que se realizó con la autorización del organismo pertinente y "siempre y en todo momento siguiendo los documentos de los servicios profesionales y jurídicos", que sabían los requisitos precisos. "Si hubieran considerado que hacía falta una investigación de encontronazo ambiental se hubiese hecho", ha proclamado.

El regidor ha incidido en que no era siendo consciente de que se se encontraba depositando allí "de todo" y sin control; "ni yo ni absolutamente nadie"; al paso que ha apuntado que con ese depósito de escombros no se pretendía hacer un vertedero, sino más bien accionar sobre "la gran oquedad" que existía, señalando que se remitieron escritos a 2 consejerías diferentes de la Junta de Andalucía sobre lo acordado con los hombres de negocios.

Armijo ha manifestado que a lo largo de los 15 años que existió ese vertedero, que era "una situación permitida y aceptada" por todos, "no fué un inconveniente; el inconveniente era la cantera que se encontraba sin volver a poner". En este punto, dijo que conoció a causa de este trámite judicial que el Seprona de la Guardia Civil pasaba por la región e inclusive hacía sugerencias sin que hubiera requerido la paralización hasta 2016.

Asimismo, ha señalado que pasaron hasta cinco encargados provinciales de Medio Ambiente y "ninguno me advirtió de que fuera un tema que generara preocupación"; exactamente la misma ocurrió con los gobernantes municipales; "era un tema pacífico", ha insistido, repitiendo que "por allí pasaba todo el planeta" y que los expedientes que se abrieron han quedado "en vía fallecida" y sin solucionar en lo que se refiere a sanción.

"Me agradaría que me afirmara el señor fiscal exactamente en qué me he equivocado en este tema", ha preguntado Armijo, quien ha asegurado que ni él ni sus concejales promocionaron ese sitio como vertedero para poner nada, sino fue el Ayuntamiento bajo la administración del aparato de gobierno previo al de hoy. Además, ha aseverado que no se dió ninguna situación de peligro.

En afirmaciones a los cronistas, el alcalde ha asegurado que se encontraba relajado y en este momento "mucho más tras ofrecer explicaciones" en el juicio, repitiendo lo que dijo frente a la jueza: "Si alguien me llega a avisar de que hay que tomar alguna medida, resolución o haber hecho algo frente a una situación ligerísimamente alarmante desde el criterio medio ambiental, que no quepa duda de que se hubiese hecho".

En el trámite de cuestiones anteriores, su letrado, Fernando Huelin, ha aducido la prescripción del delito y que no existe reproche penal, sino más bien una cuestión administrativa. Ha incidido en que había autorización de la Confederación Hidrográfica del Sur y en que la intención del Ayuntamiento en este tema, de buscar la restauración de la cantera, se mantuvo en el tiempo, en frente de la visión "poco estable" del Gobierno andaluz en estos años.

El fiscal ha rechazado estas cuestiones anteriores, estimando que bajo el título de prescripción "se ha pretendido realizar una revisión de todo el trámite". Asimismo, se mostró en oposición a deducir otras cuestiones planteadas como la carencia de concreción en la acusación. La juzgadora resolverá estas alegaciones en su instante en el momento en que se dicte sentencia.

Según la acusación pública, en teoría, "a idea" de Armijo, "sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental", el Ayuntamiento concierta de manera verbal la administración del avance de la actividad de vertido de escombros y deshechos en una vieja cantera con ciertas compañías similares con la construcción, que acabaron asociándose para esa explotación.

Además, se comunicó la intención de efectuar un vertedero a la Junta de Andalucía, que respondió diciendo que hacía falta una investigación de encontronazo ambiental; pero, en teoría, "realizando ni caso a esa comunicación, la actividad prosigue a la visión y paciencia de todos" bajo la administración de las compañías "autorizadas por el Ayuntamiento", apunta el fiscal, apuntando que era "un hecho público y conocido" la presencia de vertidos en esa región cuidada.

"El propio Ayuntamiento depositaba en el sitio los restos de proyectos y de podas vegetales", señala el escrito provisional de acusación, al que tuvo ingreso Europa Press, precisando que de 2000 a 2010 se suceden los expedientes sancionadores y demandas sobre la situación de la región, realizándose en 2013 una inspección por agentes de Medio Ambiente donde se advirtieron restos como electrodomésticos, neumáticos, restos de construcción y otros agrícolas.

En 2016 se efectúa otra inspección donde, aparte de lo previo, se apunta que en teoría "el 90 por ciento de la actividad está en el espacio natural protegido", que el suelo "no está impermeabilizado" en frente de fugas de restos; y que hay envases de restos peligrosos, ciertos aparatos electrónicos sin descontaminar y también, aun, "restos de motocicletas de agua".