El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha alertado sobre la "grave disfunción" que representa el alto número de juicios y vistas suspendidos diariamente en los juzgados andaluces, lo cual ha ido en aumento el año pasado, en gran parte debido a la conflictividad laboral prolongada con huelgas y paros en el ámbito judicial.

En términos generales, se suspendieron aproximadamente el 38 por ciento de los juicios programados, con un rango que va desde el 31 por ciento en la jurisdicción penal hasta el 62 por ciento en la jurisdicción social, la cual tiene el mayor porcentaje de suspensiones, según la memoria anual del alto tribunal andaluz consultada por Europa Press.

La suspensión de una vista implica que el espacio asignado para ese día no pueda ser ocupado por otro juicio, lo que resulta en una prolongación excesiva en la finalización de los procesos, con consecuencias negativas para el funcionamiento eficiente de los órganos judiciales, sumándose a la problemática existente por el elevado número de casos pendientes.

Las estadísticas muestran un aumento continuo en 2023, y uno de los factores que ha contribuido a esto es el impacto de las huelgas de los Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios. Durante los meses de conflicto laboral prolongado, se han registrado más de 30.000 actuaciones suspendidas en toda Andalucía, incluyendo señalamientos de vistas, procedimientos pendientes de reparto, firma o notificaciones, entre otros.

En la Jurisdicción Civil, el porcentaje de suspensiones fue del 33 por ciento, mientras que en la Contencioso Administrativa fue del 40 por ciento. En todas las provincias se observa un aumento generalizado, siendo Huelva la que presenta cifras más bajas, con un 32 por ciento, y Almería las más altas, con un 42 por ciento. En lugares como Granada se ha notado un incremento significativo, pasando de un 28 por ciento de juicios programados en 2022 a un 40 por ciento en 2023.

Según el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, este incremento en las suspensiones de juicios destaca la necesidad de intensificar el control de posibles errores procesales e incidentes en las fases previas a los señalamientos, así como implementar cambios en la organización de las oficinas judiciales.