Altos Directivos de Empresa Renovable en Sevilla Sentenciados por Desfalcar un Millón de Euros de Fondos Europeos
El Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla ha emitido una condena contra cuatro miembros de la cúpula gestora de la empresa Green Power Technologies, especializada en energías renovables. Se les acusa de desviar más de un millón de euros de fondos europeos asignados para una serie de proyectos de la empresa, destinándolos a propósitos distintos a los previstos.
Según la sentencia recogida por Europa Press, el juez de lo Penal David Candilejo confirmó que entre 2009 y 2013, Green Power Technologies recibió un total de 10.865.374 euros en ayudas, préstamos y subvenciones de entidades estatales, tanto nacionales como comunitarias. Estas entidades incluyen al Centro para el Desarrollo Tecnológico (CDTI), el Ministerio de Ciencia e Innovación y la agencia IDEA de la Junta de Andalucía.
En agosto de 2015, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude inició una investigación tras recibir una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo financiados por fondos europeos. Dichos proyectos estaban cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
La investigación reveló que se desviaron fondos comunitarios de proyectos como uno destinado a actuaciones en una ciudad inteligente, donde se utilizaron 244.018 euros para otros fines. En total, la empresa habría desviado 1.060.000 euros de fondos comunitarios, en lo que ha sido considerado un delito de fraude de fondos comunitarios.
En virtud de esta decisión judicial, Green Power Technologies ha sido multada con 530.000 euros y se le ha prohibido obtener subvenciones públicas o beneficios fiscales durante tres años. Los cuatro acusados, miembros de la cúpula de la empresa, enfrentan penas de prisión de once meses y 20 días, así como multas individuales de 132.500 euros. Sin embargo, sus penas de cárcel quedan suspendidas siempre y cuando no vuelvan a cometer delitos en un plazo de dos años.
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