La consejera de Salud y Consumo de Andalucía, Catalina García, ha manifestado que la región seguirá la decisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, de manera forzada y unilateral, sobre el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros de salud. Sin embargo, García ha dejado claro que investigarán si esta medida ha infringido intencionalmente la legalidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns).

En un comunicado distribuido a los medios de comunicación, García ha recordado que el pasado lunes se llevó a cabo una reunión del Consejo Interterritorial, donde se solicitaron a la ministra dos puntos cruciales. Estos incluían la organización de una Ponencia de Alertas y una Comisión de Salud Pública, con el propósito de contar con un informe técnico que respaldara la decisión unilateral tomada por ella hoy.

Además, ha destacado que "las comunidades, los profesionales y los ciudadanos necesitan certeza" y que lo que se solicitaba era contar con niveles de alerta con indicadores y acciones correspondientes para cada nivel. Esto permitiría a cada comunidad saber qué hacer en cada momento, pasando de la obligatoriedad a la recomendación, pero basado en criterios técnicos.

La consejera de Salud andaluza ha señalado que "nos encontramos en la situación de que esta mañana se ha llevado a cabo la Ponencia de Alertas y se enviaron las alegaciones solicitadas por la ministra, pero no se convocó al Consejo Interterritorial, que era el organismo que debía tomar la decisión final". En sus declaraciones, Mónica García menciona que invocará el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Catalina García ha aclarado que dicho artículo establece que se debe contar con la vinculación del Consejo Interterritorial o estar en una situación excepcional, y que actualmente no se encuentra en dicha situación. Por lo tanto, "acataremos esta decisión, pero también analizaremos legalmente si la ministra ha infringido intencionalmente la legalidad del Consejo Interterritorial", afirmó la consejera. Además, agregó que seguir por este camino no permitirá trabajar en conjunto para mejorar las condiciones, la estructura y la salud de todos los españoles.

"Vamos a analizar esto legalmente, porque lo que le pedimos a la ministra el lunes fue orden, rigor y seriedad. Esto se demostraría al escuchar a todas las comunidades y llevar a cabo la Ponencia de Alertas, la Comisión de Salud Pública y, posteriormente, el Consejo Interterritorial. Habría sido perfectamente factible para que todas las comunidades autónomas pudiéramos participar", destacó García.