SEVILLA, 20 de diciembre.

Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha manifestado su satisfacción este viernes por la "paralización" del impuesto dirigido al sector energético, expresando sus esperanzas de que esta decisión sea definitiva y no se lleve a cabo en el futuro.

En declaraciones a Canal Sur Radio, según ha informado Europa Press, la consejera se pronunció después de que el Pleno del Congreso aprobara ayer de forma definitiva un proyecto de ley que introduce un nuevo impuesto mínimo para las grandes empresas multinacionales. Esta normativa contempla parte de la reforma fiscal promovida por el Gobierno, que incluye un impuesto específico para el sector bancario, pero decide no gravar al sector energético, lo que ha sido bien recibido por la Junta de Andalucía.

España indicó que la paralización de este impuesto supone un alivio, dado que en Andalucía se están realizando esfuerzos significativos para diversificar la economía, enfocándose especialmente en energías renovables. En concreto, destacó la iniciativa del Valle del Hidrógeno Verde, que se desarrollará en las provincias de Huelva y Cádiz, con previsiones de inversión que ascienden a 5.000 millones de euros y que generarán un gran número de empleos en la región.

La consejera argumentó que las empresas habían expresado su preocupación por una “paralización de la inversión” si el impuesto al sector energético se hubiese aprobado, considerándolo "absurdo e injusto", además de mencionar que esta práctica no se observa en otros países. A su juicio, un impuesto de este tipo solo serviría para desviar inversiones hacia otras naciones, lo cual afectaría gravemente a la economía local y a la creación de empleo.

En relación a un tema distinto, Carolina España se refirió al informe favorable, aunque condicionado, emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear sobre la solicitud de autorización para ejecutar y montar ciertas fases de la plataforma sureste del Centro de Almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de la Sierra Albarrana (El Cabril), en Hornachuelos, Córdoba. La consejera subrayó que, aunque la Junta no está inicialmente de acuerdo con esta medida, es un asunto que corresponde al Gobierno central tratar.

Respecto a la próxima convocación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) programada para principios del año entrante, España expresó su opinión de que el Gobierno central "realmente no tiene ningún interés político en resolver" los problemas de financiación autonómica. Sugirió que su objetivo radica únicamente en apoyar a aquellas comunidades que son cruciales para mantener a Pedro Sánchez "en el sillón de la Moncloa".

La consejera también abordó el tema de la deuda y señaló que el Gobierno central ha planteado la discusión sobre su condonación debido a los compromisos adquiridos con el independentismo catalán. En este contexto, advirtió que no se está buscando una reforma del sistema de financiación general, sino una financiación favorable y singular para Cataluña, lo que considera problemático.

En otro orden de cosas, cuando se le preguntó sobre la comunicación del Tribunal de Cuentas al juzgado de Sevilla, que indica que no se ha hallado "responsabilidad contable" en los contratos de emergencia COVID del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Carolina España defendió que estos contratos fueron gestionados durante una situación de emergencia sanitaria y que cuentan con los informes legales pertinentes de los gabinetes jurídicos e Intervención General.

La consejera concluyó afirmando que estas acciones estaban completamente justificados, ya que se llevaron a cabo para "salvar y proteger la vida de los andaluces y de nuestros profesionales sanitarios". Aun así, manifestó su respeto por las decisiones del sistema judicial, que deberá evaluar las denuncias interpuestas por el PSOE-A.

“Estamos tranquilos en este aspecto y no nos dejaremos desviar por cuestiones que la oposición quiera utilizar para desviarnos”, afirmó Carolina España, subrayando su compromiso con la gobernanza y la defensa de los intereses andaluces.