SEVILLA, 23 de noviembre. La Consejería de Justicia de Andalucía ha logrado un importante avance al establecer un nuevo protocolo destinado a proteger a las funcionarias judiciales que se encuentren en situaciones de violencia de género. Este documento, pionero a nivel nacional, introduce medidas que buscan garantizar la seguridad de estas trabajadoras, permitiendo su reubicación sin consecuencias económicas adversas y ofreciéndoles compensación por los gastos que suponga la mudanza, así como a sus familiares.

El Gobierno andaluz ha destacado que el protocolo ofrecerá a las mujeres afectadas un trato similar al de un traslado forzoso, asegurando que se les mantenga un puesto con las mismas condiciones laborales. Además, se contempla la creación de nuevas plazas en caso de no haber disponibilidad adecuada en el nuevo destino.

Entre las iniciativas recogidas en este protocolo, se incluye la posibilidad de que las víctimas reduzcan su jornada laboral -con la correspondiente disminución en sus ingresos- y una flexibilidad horaria que podría llegar hasta el 50%. También se facilitará la adaptación del horario de trabajo, permitiendo justificar ausencias que surjan por la situación personal de la afectada.

El nuevo marco contempla además el derecho a solicitar una excedencia, garantizando la reserva del puesto durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18, y asegura que en los primeros dos meses la funcionaria recibirá su salario completo, además de poder acceder a recursos formativos. En caso de incapacidad debida a la violencia de género, se compromete a cubrir el 100% de la prestación desde el primer día de baja.

Como parte de esta iniciativa, se establece la figura del Agente de Igualdad, responsable de gestionar consultas y denuncias sobre violencia o acoso. Se prevé también una serie de acciones de sensibilización destinadas a informar al personal de los juzgados sobre el protocolo, además de campañas de concienciación mediante plataformas electrónicas de la Junta.

Para la elaboración de este protocolo se ha tomado como referencia uno ya existente para el personal general de la Junta, que también asegura traslados y prestaciones en casos de violencia de género. Este esfuerzo en la creación de un entorno laboral seguro y justo forma parte del primer Plan de Igualdad en la Administración de Justicia andaluza, que cuenta con una vigencia de tres años y fue aprobado en marzo de 2024 en colaboración con distintos sindicatos.

Es relevante mencionar que, hasta ahora, solamente dos comunidades autónomas, además de Andalucía, han implementado un plan de igualdad para el personal judicial, destacando el interés de otras regiones en adoptar los avances andaluces, considerados como los más completos.

El plan incluye importantes medidas para asegurar la igualdad en el acceso y promoción de las trabajadoras en el ámbito judicial, como la reserva de puestos a interinas durante bajas de maternidad, el cómputo del tiempo de baja como trabajo efectivo y el pago de guardias difícilmente realizadas durante este período.

Además, se fomenta la conciliación familiar y laboral mediante la adaptación de horarios para el cuidado de dependientes y la facilitación de jornadas flexibles para la preparación de promociones y acceso a formación durante el horario laboral, incluidas opciones en línea.

En resumen, el nuevo protocolo refuerza el compromiso de la Administración de Justicia frente a la violencia de género y el acoso, haciendo de la prevención y actuación una de sus prioridades fundamentales en el contexto del primer Plan de Igualdad de este organismo.