• sábado 1 de abril del 2023

Andalucía baraja recurrir la LOSU frente al TC y va a trabajar en una exclusiva Ley de Universidades

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SEVILLA, diez Mar.

La Consejería de Universidad, Investigación y también Innovación estudia la oportunidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y, además de esto, empezará de "forma instantánea" los trámites administrativos precisos para aprobar una exclusiva Ley Andaluza de Universidades (LAU).

Según explicó en un aviso, la novedosa ley andaluza servirá para "mitigar en lo posible" los efectos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario aprobada este pasado jueves terminantemente por el Congreso de los Miembros del congreso de los diputados. De esta forma, Andalucía va a ser la primera Comunidad Autónoma de España en comenzar los trámites para la aprobación de una ley autonómica que se ajuste a la LOSU.

La Consejería sostiene "serias inquietudes" sobre la constitucionalidad respecto de ciertas cuestiones contempladas en la LOSU, con lo que encargará un análisis de exactamente la misma a los servicios jurídicos de la Junta, barajando la oportunidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional (TC) contra la LOSU por vulnerar derechos escenciales y sus competencias.

La Ley ingresó, por medio de una enmienda de ERC, la oportunidad de que las universidades se pronuncien sobre cuestiones políticas, algo que una reciente sentencia del Tribunal Supremo estimó ilegal. Así, la sentencia del Tribunal Supremo señalaba la imposibilidad de que la Universidad se pronuncie y "se refiera a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del enfrentamiento popular y político extrañas al objeto y funcionalidades de la Institución académica, y que dividen a la ciudadanía".

Por otra parte, la LOSU establece un incremento de la financiación universitaria sin predecir mucho más medios económicos para las comunidades autónomas.

El propósito de la Administración autonómica es que la futura Ley Andaluza de Universidades, que siempre debe amoldarse a la próxima Ley Orgánica estatal, ofrezca resoluciones, en el ámbito de sus competencias, a las pretensiones normativas y estratégicas que denuncian las universidades andaluzas y a las que la LOSU ha obviado, según el artículo de Ley aprobado en el Congreso por el Gobierno central. De
este modo, la Junta va a deber hacer novedosas figuras enseñantes y también estudiosas que eviten la previsible paralización en la contratación de profesorado que va a ocasionar la LOSU.

La futura Ley Andaluza de Universidades contemplará reformas para la estabilización del personal, su promoción, la apuesta por la internacionalización, la rendición de cuentas y la optimización de los Consejos Sociales, por ejemplo cuestiones.

La Consejería de Universidad, Investigación y también Innovación regresa a reclamar al Ministerio de Universidades que dote a las comunidades autonómicas de los medios económicos precisos para realizar en oposición al incremento de financiación que esta ley estatal implica, como es la situacion de la necesidad de contratar mucho más profesorado al descender el número de horas de clase en ciertos géneros de contratos como el de asistentes doctores.

Así, ha recordado que hace algunas semanas el asesor de Universidad, Investigación y también Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, remitió una
carta al ministro de universidades reclamándole medios económicos para realizar en oposición al incremento del gasto, "que fué encriptado en unos 20 millones de euros cada un año". Del mismo modo, solicita que el avance de la Ley Orgánica del Sistema Universitario se acuerde y negocie con las Universidades, algo que no se hizo hasta la actualidad.

Además de esto, la Junta de Andalucía, por medio de la Consejería de Universidad, Investigación y también Innovación, en contraposición con lo que hizo el Gobierno central, empezará el desarrollo para la tramitación y elaboración de la futura Ley Andaluza de Universidades a través del diálogo persistente con la red social universitaria, los rectores, los agentes sociales y todos y cada uno de los implicados en esta ley, con la intención de que poder tener un artículo negociado en todo el verano.

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