SEVILLA, 27 de diciembre.

La Junta de Andalucía ha manifestado su preocupación ante el modelo implementado por el PSOE, a cargo de Pedro Sánchez, en relación con las tarjetas monedero, señalando que este sistema ha dejado en la estacada a numerosos bancos de alimentos y comedores sociales, afectando de manera directa a 280.000 andaluces que han quedado fuera de la red de apoyo social. Ana Vanessa García, secretaria general de Inclusión Social, enfatizó que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad está en proceso de licitar un contrato mixto de 46 millones de euros para proporcionar alimentos y asistencia básica a unidades familiares con menores a su cargo que estén bajo el umbral de pobreza extrema, utilizando un sistema de tarjetas o vales tanto físicos como electrónicos.

El contrato, que actualmente se halla en proceso de adjudicación, forma parte del Programa de Asistencia Material Básica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Andalucía. Este programa tiene un plazo de ejecución de inicialmente 24 meses, con la opción de prorrogarlo por otros 24, lo que podría elevar el presupuesto hasta los 92 millones de euros programados hasta el año 2029. García destacó que la Junta busca con esta licitación garantizar la máxima cobertura geográfica en Andalucía.

Con la intención de estimular la participación de empresas en la licitación y llegar a un número amplio de municipios, el contrato se ha fraccionado en ocho lotes, uno por cada provincia. El modelo que la Junta desea implementar reconoce, además, la crucial función que tienen los Servicios Sociales Comunitarios para el éxito del programa.

García además subrayó que el Programa de Asistencia Material Básica fue diseñado como un esquema uniforme para todo el país, en el que la Administración General del Estado asumiría la responsabilidad de licitar las tarjetas o vales por medio de un acuerdo marco para la selección de proveedores.

No obstante, la funcionaria criticó que el Gobierno de España modificó este enfoque, limitando la atención del programa solo a familias con niños a su cargo. “Como resultado de este cambio, en Andalucía, solo por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, 280.000 ciudadanos han quedado excluidos de esta importante ayuda”, afirmó García.

También mencionó que el Ejecutivo central no ha logrado implementar este sistema, solicitando a la Comisión Europea que, para 2024, se ejecute a través de una subvención directa a empresas privadas por un periodo de solo seis meses.

García enfatizó que este modelo transitorio es solo una solución temporal, un "parche" que el Gobierno español decidió aplicar mediante un Real Decreto que concedía una subvención directa a una entidad privada sin el acompañamiento necesario.

En este contexto, la secretaria de Inclusión Social recordó que dicho programa avanzó por la dedicación de la comunidad autónoma y los servicios sociales comunitarios, quienes han hecho frente a esta problemática de manera eficaz.

García expresó su descontento al señalar que el Gobierno central ha dejado a las comunidades autónomas a gestionar solas un programa que no pudo implementar en su totalidad en 2024. Asimismo, se mostró decepcionada ante la falta de opciones para modificar el programa e incluir a más colectivos vulnerables, además de las familias con menores, y lamentó la imposibilidad de extender el periodo necesario para un proyecto de tal magnitud.

“Las comunidades autónomas estamos llevando a cabo un programa impuesto unilateralmente por el Gobierno de España, incapaz de implementar efectivamente sus propias decisiones”, criticó.

Finalmente, García remarcó que antes de la puesta en marcha de este programa por parte del Gobierno socialista, Andalucía ya estaba atendiendo a las familias más necesitadas. “Hemos atendido, atendemos y seguiremos atendiendo a quienes lo necesiten”, afirmó con firmeza.

Andalucía proporciona apoyo a las familias a través de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA), que en 2025 ha ejecutado más de 21 millones de euros. Adicionalmente, se han asignado más de 15 millones para ayudas económicas familiares destinadas a reducir la pobreza infantil, junto con subvenciones a comedores sociales que reciben casi 5 millones, además del desarrollo de 140 escuelas de verano con una inversión adicional de cinco millones de euros en 2025, entre otros programas y ayudas que se están implementando en la región.