En la jornada del 12 de noviembre, el Consejo de Gobierno de Andalucía ha tomado la decisión de ampliar la declaración de desastre natural, la cual afecta al potencial productivo agrario debido a la depresión aislada a niveles altos (DANA) que tuvo lugar en la región del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2024. Esta medida incluye ahora 23 nuevos municipios de varias provincias, estableciendo un compromiso claro por parte de la Junta de Andalucía para hacer frente a las consecuencias de este fenómeno natural.
La portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, fue la encargada de hacer público este anuncio durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde se confirmó que la cifra total de localidades afectadas asciende a 92, sumando a las 69 que ya fueron declaradas en la reunión anterior del 5 de noviembre.
Con esta ampliación, el gobierno andaluz ha destacado que las medidas se centrarán en la recuperación de la capacidad productiva de las explotaciones agrarias y en la reparación urgente de los caminos rurales que se encuentran intransitables, constituido así un riesgo considerable para la seguridad de la población local.
Los técnicos de las delegaciones territoriales han resaltado la magnitud de los daños, que se manifestaron rápidamente tras el período de intensas lluvias e inundaciones y que afectan también a municipios que no habían sido contemplados inicialmente en el acuerdo de la Junta.
En concreto, los seis municipios de la provincia de Almería que han sido añadidos a la declaración son Berja, Chirivel, Dalías, María, Vélez-Rubio y Zurgena. Por su parte, en Cádiz, se incluyen once nuevos municipios: Alcalá de los Gazules, Benalup, Bornos, Espera, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, San José del Valle, Setenil de las Bodegas, Trebujena, Torre Alháquime y Vejer de la Frontera.
La provincia de Granada aporta cuatro nuevos municipios que se suman a esta situación de desastre natural: Baza, Cogollos de Guadix, Guadahortuna y Los Guájares. Además, el municipio de Cartaya, en Huelva, y Campillos, en Málaga, también se añaden a la lista de afectados.
Los 23 municipios mencionados se añaden a los 69 que ya estaban incluidos en la declaración de desastre natural. Entre estos, los de Almería que figuran son Albánchez, Albox, Alcontar, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Cantoria, Chercos, Cóbdar, Fines, Laroya, Lijar, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, El Ejido, Níjar y Vélez-Blanco.
Asimismo, en Cádiz ya se habían presentado los municipios de Alcalá del Valle, Arcos de la Frontera y Villamartín; en Granada se incluían Huéscar, Orce, Puebla Don Fadrique, Cúllar, Cortes de Baza, Caniles, Benamaurel, Valle del Zalabí, Guadix, Purullena, Villanueva de las Torres, Dólar y Huéneja.
La localidad de Jódar se incluye en la lista de la provincia de Jaén, mientras que Málaga ya había registrado los municipios de Alhaurín de la Torre, Álora, Cártama, Carratraca, Casarabonela, Coín, Pizarra, Tolox, Almogía, Casabermeja, Málaga, Antequera, Ardales, Teba, Valle de Abdalajís y Villanueva de la Concepción.
Finalmente, en la provincia de Sevilla, las localidades de Utrera, Montellano, Lora del Río, Villaverde del Río, Lebrija, Las Cabezas de San Juan y El Cuervo también se verán beneficiadas por esta declaración de desastre natural.
Desde la Junta de Andalucía se ha subrayado que este temporal ha tenido un impacto significativo en la actividad del sector agrario, con daños notables en explotaciones agrícolas, sobre todo aquellas dedicadas a cultivos en invernadero, y en los caminos rurales, que son vitales para el acceso a estas fincas.
Las intensas lluvias han dejado caminos impracticables, lo que ha perjudicado las actividades de las explotaciones afectadas y ha puesto en peligro la seguridad de quienes dependen de estas rutas para su desplazamiento.
Ante esta difícil situación, el gobierno andaluz ha afirmado la urgencia de implementar acciones efectivas que permitan no solo mitigar daños, sino también asegurar la viabilidad económica de las explotaciones en las áreas más perjudicadas por esta DANA.
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