Andalucía: El Tribunal Constitucional pone en tela de juicio la independencia fiscal de las CCAA al respaldar el impuesto a grandes patrimonios.
El Gobierno andaluz muestra cautela ante la decisión del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas. Aunque ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno andaluz espera a ver qué decide sobre su recurso. Sin embargo, también expresa su malestar por el hecho de que esta decisión ponga en entredicho la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha respondido a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Ha afirmado que acatan las decisiones del Tribunal Constitucional, pero considera que este impuesto fue una vulneración de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Además, ha mencionado que la decisión de recurrir el impuesto no fue un capricho personal, sino una cuestión de principios.
El Gobierno andaluz aprobó la Ley 38/2022 para crear el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas en respuesta a la decisión de la Junta de Andalucía de bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos contribuyentes con una riqueza neta superior a los 700.000 euros. En el proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022, se estima que los andaluces se beneficiarán de una reducción fiscal de 107,48 millones en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Fernández-Pacheco ha destacado que Andalucía tiene la atribución de fijar el régimen fiscal de los tributos de titularidad autonómica. Ha señalado que España es el único país que tiene un tributo similar al impuesto de solidaridad para las grandes fortunas.
El consejero y portavoz del Gobierno andaluz ha defendido el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía de reducir la carga fiscal. Ha afirmado que la competitividad fiscal genera inversiones, bienestar y ha permitido que Andalucía tenga una de las presiones fiscales más bajas de España. Además, ha mencionado que esta política fiscal ha estimulado la actividad económica y ha disminuido la recaudación.
En cuanto a la decisión del Tribunal Constitucional, Fernández-Pacheco ha expresado su desacuerdo con que el Estado haya anulado la rebaja fiscal andaluza en Patrimonio. Ha criticado que el Estado invada competencias de las comunidades autónomas y ha cuestionado si la política educativa y sanitaria serán las siguientes afectadas. Considera que esta no es la forma más adecuada de responder a las medidas de las comunidades.
El Gobierno andaluz espera a conocer la decisión del Tribunal sobre su recurso y reafirma su compromiso de eliminar el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas.
El Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto a las grandes fortunas al rechazar el recurso presentado por la Comunidad de Madrid. El tribunal considera que este nuevo tributo no invade competencias autonómicas ni es confiscatorio. Indica que el objetivo de la Comunidad de Madrid de atraer riqueza a su territorio no puede impedir que el Estado establezca nuevos impuestos.
Según fuentes del Tribunal Constitucional, la mayoría progresista del Pleno ha aprobado con 7 votos a favor y 4 en contra la ponencia redactada por la magistrada María Luisa Balaguer.