SEVILLA, 25 de noviembre.

Recientemente se ha dado a conocer el anteproyecto de la Ley para el impulso de la ciencia y la innovación en Andalucía, conocido como Activa, donde se establece que las empresas que participen en alianzas de innovación con universidades deberán aportar como mínimo un 30% del presupuesto para investigaciones y desarrollos experimentales.

Estas alianzas, denominadas Unidades de Innovación Abierta, estarán formadas por instituciones académicas andaluzas y empresas colaboradoras. Se regularán mediante convenios que definirán las áreas de investigación a abordar y el funcionamiento interno de cada unidad, según un documento obtenido por Europa Press.

El fomento de la inversión privada en el ámbito de la investigación es un objetivo primordial para el Gobierno andaluz, tal como destacó el consejero José Carlos Gómez Villamandos. La propuesta contempla una meta de inversión que cambiaría la actual proporción de 70% de financiación pública y 30% privada, buscando equilibrar esta relación a favor de una mayor participación del sector privado.

El anteproyecto también menciona que las consejerías responsable de la universidad e investigación podrán promover el patrocinio en ciencia, sugiriendo al Consejo de Gobierno medidas que fomenten el mecenazgo en este ámbito, destacando cómo este soporte podría materializarse en diversas actividades.

Entre las áreas en que los patrocinadores podrán colaborar se incluyen proyectos de investigación, adquisición de equipamiento científico, publicaciones, organización de congresos y otras iniciativas que busquen promover el conocimiento y la educación. El beneficiario de tales aportaciones se compromete a dar visibilidad al colaborador, facilitando además certificados que respalden las donaciones para deducciones fiscales.

El proyecto de ley también contempla que, anualmente, se elaborará una relación de actividades prioritarias para el patrocinio en investigación, desarrollo e innovación. Además, establece un marco que busca restaurar la excelencia en la investigación andaluza, priorizando la I+D en el ámbito biomédico y promoviendo una mayor integración de la ciencia en la vida social.

Este nuevo marco legal, diseñado en consenso con diversos actores del sistema andaluz del conocimiento, reemplazará la normativa anterior de 2007, que exigía una modernización acorde a las realidades actuales. Uno de los pilares será la activación del Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), que distinguirá a los mejores agentes de la comunidad científica en Andalucía mediante un sistema de certificación basado en indicadores objetivos.

El Saiex incluirá a unidades de excelencia y agentes del sistema del conocimiento de Andalucía, y contará con el respaldo del Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), un nuevo ente creado dentro de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

Uno de los objetivos de estas unidades es potenciar la colaboración interdisciplinar entre investigadores, garantizando una relación efectiva con los sectores productivos. Además, se proporcionará financiación específica para implementar planes estratégicos que afiancen su capacidad de liderazgo en el ámbito de la investigación.

Por otro lado, las unidades de investigación avanzada se enfocarán en fomentar investigaciones de impacto y facilitar la transferencia del conocimiento. El I2A2 se posicionará como una entidad innovadora en la captación de talento científico, reforzando además la excelencia investigadora en Andalucía.

En cuanto al personal de investigación, se establece la figura del tecnólogo, que tendrá competencias en el diseño de productos tecnológicos. Asimismo, la nueva ley propone distintos criterios para el desarrollo de políticas relacionadas con el personal investigador y su movilidad profesional, buscando mejorar la gobernanza del sistema del conocimiento andaluz.

La verja de colaboración entre agentes públicos y privados se reforzará con la creación de nuevos órganos, tales como la Comisión Interdepartamental de Investigación, que estará encabezada por el presidente de la Junta de Andalucía. También se implementará un Consejo Asesor y un Comité de Integridad Científica, así como un Sistema de Información Científica, el cual permitirá evaluar las políticas públicas de I+D+I en Andalucía. Finalmente, se alentará la formación de unidades I+D+I dentro de empresas, centrándose en el desarrollo experimental y ajustando su enfoque a las necesidades específicas de cada compañía.