La Junta de Andalucía y los puertos de la comunidad autónoma han solicitado al Gobierno de España que pida a la Unión Europea una moratoria para suavizar el impacto de la implementación a partir de 2024 del sistema de control y gravamen de las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo de la Unión Europea. Esto les permitiría competir en igualdad de condiciones con puertos de países terceros.
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, hicieron estas declaraciones durante un encuentro informativo organizado por Europa Press bajo el título 'La economía andaluza desde sus puertos'. El evento tuvo lugar en la Fundación Cajasol de Sevilla.
Sanz argumenta que no se puede liderar medidas en Europa que generen desventajas competitivas para la región. Si otros países no europeos no se adaptan en la misma medida, se crearán desventajas para Andalucía. En vista de esto, la Junta de Andalucía ha pedido una moratoria para estudiar una posición que no genere esas desventajas.
Por otro lado, Gerardo Landaluce, presidente de la APBA, también considera necesario pedir una moratoria para perfeccionar la nueva normativa ambiental de la UE. Esto garantizaría que el puerto de Algeciras compita en igualdad de condiciones con el puerto de Tánger, en Marruecos.
Landaluce muestra preocupación por la nueva legislación medioambiental de la UE, que considera que romperá los equilibrios y pondrá a los puertos europeos en una situación de desventaja, especialmente en el sur de Europa. El objetivo de los puertos es proteger el medio ambiente y evitar fugas y perjuicios.
Aunque todos apoyan el Pacto Verde Europeo para reducir las emisiones de efecto invernadero, Landaluce advierte que es necesario legislar correctamente y conocer bien el sector. No se puede permitir que haya fugas de carbono a través de puertos en terceros países de la UE.
Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, y José García, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, también se sumaron a la petición de moratoria a la Unión Europea.