• domingo 5 de febrero del 2023

Andalucía incrementa un 45% de media la cuantía de su Renta Mínima para equipararla al Ingreso Mínimo Vital

img

SEVILLA, 20 Dic.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la modificación del decreto que regula la cuantía de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rmisa), que cada mes da cobertura a unas 6.500 familias andaluzas en situación de pobreza, incrementando un 45% de media la cuantía de exactamente la misma y equiparándola al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es de ámbito estatal.

Así lo anunció la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias y también Igualdad, Loles López, en la rueda de prensa posterior a la asamblea semanal del Consejo de Gobierno, donde ha comparecido al lado del asesor de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y representante del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, y al titular de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y donde ha reivindicado el "deber estable" del presente Ejecutivo andaluz por "la pelea contra la pobreza, poniendo todos y cada uno de los elementos a nuestro alcance al servicio de los que lo mucho más precisan".

En esa línea, Loles López ha defendido que, con esta idea acordada este martes por el Gobierno de la Junta, se busca "ofrecer contestación a las familias andaluzas mucho más atacables debido al complejo ámbito de hoy frente a la subida de los costes y abastecimientos básicos".

La consejera ha detallado que con este cambio normativo se logra aumentar la renta autonómica equiparándola al Ingreso Mínimo Vital, al paso que "se evitan desigualdades entre las familias que cobran la renta estatal y la andaluza, y se da cobertura a aquellas que quedan fuera del IMV".

La titular de Inclusión Social ha detallado que la prestación base para todo el mundo que pida la Rmisa tras su entrada en vigor sube de los 451 euros recientes para un individuo sola hasta los 533 euros. Además, a esta cantidad se aúna un 30% por cada integrante de la unidad familiar y, en el en caso de ser familias monoparentales, van a tener un complemento agregada del 22%, del que asimismo dispondrán aquellas familias que tengan algún integrante con discapacidad. De este modo, la cuantía máxima de la Rmisa pasa de los 839 a los 1.173 euros.

Esta medida quiere "terminar a los reintegros que se generan por el solapamiento de las dos posibilidades, la estatal y la autonómica, en tanto que las permanentes revisiones del Ingreso Mínimo Vital y la carencia de contestación del Gobierno de España a la iniciativa de cogestión del IMV hacen que cobrar las dos ayudas delegen en pagos incorrectos que después la administración regional tiene la obligación de reclamar a las familias", según ha abundado la consejera.

Loles López ha incidido en que se busca, por consiguiente, "ofrecer cobertura con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía a las familias que se quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital"; por ejemplo, las que pasen "por una situación de urgencia o urgencia popular", como son casos de mujeres víctimas de crueldad de género o explotación sexual, por patología o incidente grave, o en el caso de pérdida de la vivienda frecuente.

Otro colectivo que va a ser atendido con la Rmisa es el de personas que están en trámite de protección en todo el mundo, o sea, la gente que, por poner un ejemplo, están aguardando el reconocimiento de asilo. De este modo, según ha expuesto la consejera, entre las "primordiales novedades" de este decreto es la "atención prioritaria" que se da a las situaciones de "urgencia y urgencia".

Desde el Gobierno andaluz han justificado haber optado por un decreto de ley para "poder contestar con mayor velocidad y efectividad a las pretensiones de aquellas familias atacables que quedan fuera del IMV, mientras que optimización el anteproyecto de ley por la Infancia y la Inclusión, cuya tramitación se extendería a lo largo de mucho más de un año", según ha abundado Loles López.

Además, la consejera explicó que el decreto aprobado deja, además de esto, adoptar medidas para hacer más simple el ingreso al bono popular térmico, facilitar los métodos de renovación del título de familia abundante y de concesión de las tarjetas de estacionamiento para automóviles para personas con movilidad achicada.

Asimismo, según ha continuado Loles López, la novedosa regla dejará acortar los tiempos de contestación a la ciudadanía en la renovación de títulos de familia abundante en vigor. Se trata, según ha añadido, de "hacer más ágil los tiempos de espera de las familias a fin de que no se generen cortes en el placer de los derechos y provecho que entrega el título de familia abundante".

Loles López explicó que el ahorro en tiempo se logra por el hecho de que en este momento la familia presentará, adjuntado con la petición de renovación, una declaración responsable donde manifiesta que se prosiguen cumpliendo los requisitos, de forma que no es requisito que presente documentación agregada y, tras esta petición, va a recibir la resolución donde se le señala la próxima fecha de renovación.

Además, a través de ese mecanismo, la Consejería de Inclusión Social, por medio de las diferentes delegaciones territoriales que son las eficientes en la materia, dará por renovados todas y cada una de las peticiones atentos presentadas en los últimos meses y hasta el 31 de diciembre de 2022. Todos estos títulos van a ser renovados por cinco o un par de años mucho más, "según la casuística".

Otro de los puntos que se ven agilizados es el relativo a la concesión de la tarjeta de estacionamiento de automóviles para personas con movilidad achicada, que, según anunció Loles López, se dará con carácter indefinido en el momento en que esté acreditado y reconocido el nivel de discapacidad de manera permanente.

No obstante, en el momento en que el reconocimiento del nivel de discapacidad tenga carácter provisional, la tarjeta se concederá por el período de revisión del nivel de discapacidad pertinente.

Por último, este decreto dota de cobertura legal a la obligación de las comercializadoras de hacer más simple los datos personales de la gente adjudicatarias del bono popular térmico, que administra la Junta de Andalucía. El propósito es "prosperar la tramitación, socorrer el escollo legal para entrar a los datos de los clientes y de este modo poder saber el importe de la asistencia y seguir a su pago". En Andalucía, prácticamente 200.000 familias se favorecen de este bono.

Más información

Andalucía incrementa un 45% de media la cuantía de su Renta Mínima para equipararla al Ingreso Mínimo Vital