SEVILLA, 31 de diciembre.

El Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, conocida como Atrian, ha dado luz verde al Plan de Acción Anual (PAA) que establece las normas del Plan de Control Tributario (PCT). Este plan está diseñado para abordar la investigación, prevención y detección de fraude fiscal, al tiempo que introduce nuevos canales de atención y asesoramiento que se adaptan a las necesidades de los contribuyentes. Un aspecto destacado de este plan es la especialización y distribución regional del trabajo, con el objetivo de homogeneizar la intensidad de los controles en función de las características específicas de cada provincia.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha subrayado en un comunicado que el Plan de Control Tributario se considera un instrumento esencial en la gestión y el control que se lleva a cabo en las diversas áreas funcionales de la Agencia, la cual tiene la responsabilidad de investigar y detectar el fraude fiscal dentro de la comunidad autónoma, así como de diseñar estrategias efectivas para combatirlo.

El proceso para la creación de este plan se ha desarrollado en torno a tres grandes ejes fundamentales: en primer lugar, la prevención del fraude fiscal; en segundo lugar, la implementación de medidas para detectar y corregir incumplimientos tributarios, que incluirán en caso necesario, la imposición de sanciones; y, por último, fomentar la colaboración con otras administraciones públicas en la lucha contra el fraude fiscal, con el fin de aumentar la eficacia en la gestión tributaria.

Las acciones dirigidas a prevenir el fraude fiscal se enfocan en proporcionar información y asistencia a los ciudadanos andaluces, promoviendo un enfoque de atención multicanal que permita un contacto directo con los usuarios. La Consejería ha mencionado que el objetivo es generar contenido informativo que esté alineado con las características y necesidades de los contribuyentes, mientras que también se busca actualizar y mejorar las herramientas disponibles para facilitar la autoayuda y la evaluación de servicios.

Además, se contempla el ejercicio del "derecho al error" por parte de los contribuyentes mediante una "invitación a la autocorrección", permitiendo que aquellos que identifiquen ciertas situaciones susceptibles de corrección puedan proceder sin necesidad de iniciar procedimientos administrativos, lo que, según el departamento, contribuirá a reducir costos para las administraciones.

Asimismo, se proponen iniciativas que mejoren el acceso a los servicios de información y asistencia para grupos con necesidades especiales, con el claro propósito de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. En este camino hacia la inclusión, se busca potenciar el autoservicio para que los colaboradores sociales puedan resolver eficazmente cualquier consulta relacionada con la aplicación tributaria.

El departamento también ha hecho hincapié en la importancia de colaborar con instituciones y órganos directivos de la Junta de Andalucía, con el objetivo de fomentar una cultura cívica orientada al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Iniciativas que mejoren la comprensión del sistema tributario por parte de la ciudadanía se consideran clave para fortalecer esta relación entre ingresos públicos y la disponibilidad de bienes y servicios.

En cuanto a la supervisión y prevención, la Agencia Tributaria de Andalucía tiene la responsabilidad no solo de informar y asistir a los ciudadanos, sino también de identificar, evaluar y priorizar los riesgos de incumplimiento. La meta es maximizar el porcentaje de ejecución de las previsiones presupuestarias de ingresos, lo que a su vez permitiría una mejor cobertura financiera para satisfacer las necesidades públicas.

Para potenciar su capacidad operativa, la Agencia ha decidido avanzar en la regionalización de sus acciones y fomentar la especialización de las mismas. Se ha optado por centralizar nuevas funciones, que abarcarán desde el análisis de riesgos fiscales hasta la selección y asignación de actuaciones, todo esto bajo un equipo regional recién creado que se encargará de estas tareas.

Esta estrategia responde a la necesidad de homogeneizar los controles tributarios entre las diversas provincias, considerando las particularidades de cada región, sin que esto altere la competencia para su resolución. Asimismo, se prevé la creación de un equipo especializado en las actuaciones relacionadas con el canon del agua.

En lo que respecta a la identificación y corrección de incumplimientos, el plan de la Agencia incluye criterios para seleccionar operaciones con mayor riesgo fiscal, buscando aumentar los niveles de cumplimiento voluntario entre los contribuyentes.

Como directrices generales, se evaluarán todas las autoliquidaciones mediante un proceso de evaluación de riesgo y segmentación de contribuyentes, determinando los niveles de riesgo a través de diversas fases de verificación, tanto automatizadas como manuales. La calificación de riesgo definida para cada expediente explicará la actuación administrativa que se llevará a cabo.

Se implementarán verificaciones masivas de todos los expedientes mediante procesos automatizados, así como nuevos cruces de información de diversas fuentes. Además, se llevarán a cabo controles tributarios programados y se reforzará la gestión de los procedimientos de cobro administrativo, con el fin de aumentar su efectividad y ejercer un efecto disuasorio sobre los potenciales defraudadores.

Finalmente, el Plan de Control Tributario de la Agencia para el año 2025 incluye iniciativas de colaboración con otras administraciones tributarias, ya sea del Estado o de otras comunidades autónomas, con el objetivo de construir criterios uniformes y procedimientos compartidos para el intercambio de información en la lucha contra el fraude fiscal.