SEVILLA, 1 de noviembre.

El Tribunal de Cuentas ha destacado el papel pionero de Andalucía en la implementación de auditorías que combinan presupuesto y género. No obstante, señala que, tras la introducción del Decreto-ley 3/2024, fechado el 6 de febrero, el compromiso de la comunidad autónoma en este aspecto ha flaqueado. En 2024, no se llevaron a cabo auditorías que evalúen la perspectiva de género dentro de los presupuestos.

Este análisis se detalla en el informe sobre la evaluación de la perspectiva de género en los presupuestos de varias comunidades autónomas, aprobado el 23 de octubre. El documento estudia cómo se ha integrado la presupuestación con enfoque de género (PEG) y la disponibilidad de informes de impacto de género (IIG).

El informe sostiene que, aunque incluir la perspectiva de género en los presupuestos es, en sí mismo, un avance hacia la igualdad, también es indispensable realizar evaluaciones post implementación que aseguren que estos cambios son realmente efectivos. Sin embargo, el mismo documento revela que ninguna comunidad autónoma realizó auditorías o evaluaciones independientes sobre la PEG durante 2024.

En el caso de Andalucía, el Tribunal recalca que la presupuestación con enfoque de género se encuentra expresamente contemplada en la Ley de Igualdad, Ley 12/2007, y en la ley que regula su hacienda, Decreto Legislativo 1/2010. Además, resalta que en las normas de elaboración del presupuesto de 2025 se estipula que la información sobre el impacto de género deberá acompañar al proyecto de ley de presupuestos.

El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía para 2022-2028 también incluye medidas para incorporar un enfoque de género en la elaboración de los presupuestos autonómicos.

El informe del Tribunal subraya que Andalucía fue pionera en el ámbito de las auditorías de género en presupuestos, iniciando este tipo de evaluaciones en 2003. A lo largo de una década, en 2013 se decidieron evaluar estos procesos y comenzaron las auditorías, como lo establecían la Ley 18/2003 y la Ley 12/2007.

Sin embargo, el Decreto-ley 3/2024 eliminó la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos y sus auditorías asociadas. Por consiguiente, los últimos informes de estas auditorías se realizaron en 2023, tal y como aclara el Tribunal de Cuentas.

De 2013 a 2023, se aprobaron siete planes anuales de auditoría de presupuesto y género, además de 44 informes. El informe más reciente se refería a 2024, aunque la suspensión de auditorías hace mucho más relevante la evaluación de su eficacia.

El objetivo de las auditorías era analizar la integración del género en los presupuestos planificados y ejecutados, centrándose en tres preguntas fundamentales: si el proceso de elaboración presupuestaria reduce las desigualdades entre géneros, si los fondos se gestionaron con perspectiva de género, y la aplicación de la metodología de presupuestación con enfoque de género.

La finalidad final de estas auditorías era asegurar la efectiva aplicación de la igualdad en la gestión de los recursos públicos, generando conclusiones y recomendaciones que pudieran llevar a mejorar la práctica presupuestaria con enfoque de género.

Cada auditoría culminaba con un informe final que consideraba las alegaciones de los programas presupuestarios, presentándose posteriormente ante la Comisión de Impacto de Género.

Al observar la paralización de las auditorías, el Tribunal sugiere reactivar las evaluaciones post implementación para analizar los resultados en la igualdad entre géneros derivados de estas prácticas presupuestarias.

Desde 2018 hasta 2022, la Cámara de Cuentas de Andalucía, bajo mandato legal, había estado encargada de examinar cómo se integraba la perspectiva de género en el presupuesto de la Junta, lo que ya incluía verificaciones específicas al respecto.

No obstante, la derogación de ciertos artículos en la Ley de Igualdad en 2024 ha dado lugar a que estas obligacions ya no sean parte del proceso de fiscalización, aunque el Tribunal señala que una parte de esta evaluación se ha trasladado a otro área, pero con menor alcance.

Antonio López, consejero de la Cámara de Cuentas andaluza, también ha analizado esta situación. Resalta que Andalucía es la única comunidad que tiene en su Estatuto un compromiso expreso con la evaluación del impacto de género en sus normativas. Sin embargo, critica que la eliminación de la Comisión de Impacto de Género en 2024 pone en riesgo un proceso consolidado de control.

Finalmente, el informe del Tribunal de Cuentas contiene recomendaciones para mantener y actualizar la guía metodológica destinada a la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, así como fortalecer el seguimiento interno para asegurar que la PEG proporcione resultados concretos en materia de igualdad de género.