La Junta de Andalucía ha denunciado el intento de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de presionar a las comunidades autónomas en relación con la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España. Se ha descartado la aplicación de medidas intervencionistas como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler, que no son de cumplimiento obligatorio.

Fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han respondido a las declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez, quien ha advertido que las comunidades autónomas que no cumplan con la Ley de Vivienda no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda.

Desde la Consejería que lidera Rocío Díaz (PP-A) se ha criticado el afán intervencionista del Gobierno de Pedro Sánchez, calificando las declaraciones de la ministra como inaceptables.

La Consejería ha acusado a la ministra de chantajear a las comunidades autónomas para que se adhieran a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda.

En este sentido, desde el departamento de Rocío Díaz se ha dejado claro que Andalucía cumple con las leyes aprobadas, pero no aceptará medidas que no sean obligatorias, como las zonas tensionadas o la limitación de precios del alquiler, a pesar de las amenazas recibidas.

Según las fuentes, las comunidades autónomas han ganado financiación estatal por asumir la gestión de la vivienda, pero no se van a aplicar medidas intervencionistas, ya que ni siquiera los ayuntamientos las solicitan.

En conclusión, desde la Junta se destaca que en toda Europa hay ejemplos claros de que estas políticas intervencionistas no funcionan y tienen efectos contraproducentes, como el aumento de los precios, la disminución de la oferta y la falta de protección al propietario.