Crónica Andalucía.

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Andalucía respalda fallo del TC que limita intervención del Estado en Ley de Vivienda

Andalucía respalda fallo del TC que limita intervención del Estado en Ley de Vivienda

En una decisión muy esperada, el Tribunal Constitucional (TC) ha respaldado la mayor parte de la Ley de Vivienda en Andalucía después de que el Consejo de Gobierno de la región presentara un recurso contra ciertos artículos de la norma relacionados con el control del precio del alquiler, en un intento por proteger el derecho a la vivienda.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha expresado su satisfacción por esta sentencia, destacando que el Tribunal ha reconocido que la regulación de la vivienda protegida, el parque público y los grandes tenedores corresponde exclusivamente a la comunidad autónoma según su Estatuto de Autonomía.

El Gobierno andaluz ha destacado que la Ley Estatal de Vivienda pretendía sobrepasar sus competencias autonómicas, y se muestra contento de que la sentencia del TC haya confirmado este punto. Esta decisión respalda la política andaluza en materia de vivienda protegida, que ha tenido un impacto positivo en la reactivación del mercado inmobiliario.

Además, Andalucía fue la primera en impugnar la Ley de Vivienda, argumentando que la norma no cuenta con el consenso necesario y que favorece la ocupación ilegal, entre otras críticas. El Gobierno andaluz sigue apostando por su enfoque que busca facilitar la construcción de viviendas a precios asequibles, como parte de su estrategia para el sector desde 2019.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales sólo dos apartados de la Ley de Vivienda en relación con la vivienda protegida y la colaboración de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tenso. Los magistrados conservadores han anunciado un voto particular en contra de la mayoría progresista que ha dictado la sentencia.

En definitiva, Andalucía ha sido firme en su defensa de sus competencias en materia de vivienda frente a lo que considera una intromisión del Estado, y continuará abogando por políticas que considera más efectivas para afrontar los retos del mercado inmobiliario en la región.