SEVILLA, 12 de noviembre.

La Junta de Andalucía ha lanzado una campaña de inspección centrada en el sector inmobiliario para el año 2025, abarcando la compraventa y el alquiler de viviendas. Este programa tiene como objetivo supervisar las actividades de empresas, gestores y promotores en relación a la venta, promoción y publicidad de inmuebles, tanto en proyectos como en construcción y ya finalizados. En 2024, se identificaron irregularidades en más del 61% de las inspecciones realizadas, lo que ha motivado esta nueva iniciativa.

La campaña, que es impulsada por los servicios de Consumo en todas las provincias, pretende garantizar que las empresas involucradas en estas transacciones cumplen con la normativa pertinente, especialmente en lo que respecta a la información que deben proporcionar a los consumidores, detalló la Junta en un comunicado oficial.

Hasta finales de diciembre, se llevarán a cabo al menos 135 actuaciones inspectoras que impactarán en diversos tipos de viviendas, desde las proyectadas hasta las usadas y en alquiler. El propósito de este monitoreo es evaluar el estado del sector, así como las características de las ofertas y la publicidad que se presenta en estos procesos de compraventa y arrendamiento.

Asimismo, se busca determinar si se cumplen las autorizaciones y los controles necesarios, como las inscripciones en el Registro Mercantil, las licencias de obra y de primera ocupación, así como los certificados de habitabilidad. Un enfoque particular se pondrá en la información proporcionada a los consumidores sobre aspectos esenciales de la vivienda, como el precio, condiciones de pago, y garantías en relación con las cantidades pagadas por viviendas que aún no están completamente terminadas.

Como parte de esta campaña, se revisarán contratos de compraventa y arrendamiento para asegurar que se ajustan a la legislación vigente, especialmente en transacciones que involucran a consumidores. También se comprobará que el estado del bien vendido o alquilado cumpla con lo que se publicita y que esta información esté correctamente reflejada en los documentos contractuales.

En aquellas inspecciones de edificios en construcción, se verificará la existencia de garantías individuales, ya sea para Viviendas de Protección Oficial (VPO) o viviendas libres. Además, se revisará que cualquier oferta o promoción vinculada a la venta o alquiler de inmuebles incluya el certificado de eficiencia energética correspondiente, que proporciona datos objetivos sobre la eficiencia del edificio.

En cuanto a los arrendamientos, se examinará que las empresas intermediarias cumplan con la ley, especialmente en lo relacionado con la prohibición de cobrar gastos a los arrendatarios por la gestión inmobiliaria o por formalizar contratos. También se analizará la relación contractual entre los propietarios y las empresas intermediarias para garantizar que estas últimas cumplen con sus obligaciones de asesoramiento y búsqueda de interesados. Cabe destacar que la campaña de inspección del año anterior incluyó 121 inspecciones, con un 61,6% de resultados considerados positivos.

Entre los principales problemas hallados por los inspectores, se observó la falta de un libro de quejas y reclamaciones accesible al público, así como la ausencia de carteles informativos obligatorios que indiquen, por ejemplo, el derecho del consumidor a recibir una copia del Documento Informativo Abreviado (DIA) de la vivienda. Asimismo, la información disponible al público no reflejaba de manera adecuada si la vivienda estaba en proyecto, en construcción o finalizada, ni los datos del promotor o detalles sobre el precio y los impuestos asociados a la compraventa.