Andalucía se sitúa como la cuarta región con más privatización sanitaria, según informe de Defensa de Sanidad Pública
Andalucía ha sido identificada como la cuarta región con mayor privatización sanitaria en España, según el informe publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Este ranking solo es superado por Madrid, Baleares y Cataluña.
El portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez-Bayle, presentó los datos en una conferencia de prensa, destacando la preocupante tendencia de privatización en el sistema sanitario. Según Sánchez-Bayle, este fenómeno aumenta significativamente los costos y convierte en un negocio un derecho fundamental de las personas, que es un pilar importante del Estado de Bienestar.
El informe, basado en datos del año 2023, revela que la privatización ha crecido en todas las comunidades autónomas. Madrid lidera el ranking con 28 puntos, seguido de cerca por Baleares (27), Cataluña (26) y Andalucía (25).
El estudio evaluó aspectos como el aseguramiento, la financiación privada, los recursos y la utilización del sector privado, así como el porcentaje de gasto sanitario público destinado a la contratación de centros privados. Se señaló que a mayor derivación de fondos públicos al sector privado, menor financiamiento queda para el sistema público, afectando su capacidad de respuesta a las demandas.
Otras regiones con niveles intermedios de privatización incluyen Aragón, Comunidad Valenciana y Asturias, mientras que Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra se mantienen como las menos privatizadas.
Los movimientos más notables en cuanto a mayor privatización entre los últimos informes incluyen incrementos significativos en Cantabria, Murcia, Aragón, Asturias, Andalucía, Valencia, Baleares y País Vasco. En contraste, Navarra, Galicia, Canarias, La Rioja y Cataluña experimentaron descensos en su grado de privatización.
Según Sánchez-Bayle, ninguna comunidad autónoma ha realizado esfuerzos significativos para reducir la privatización en el sector sanitario. La falta de transparencia en las administraciones sanitarias dificulta la recopilación de datos homogéneos, lo que afecta la información disponible para los ciudadanos y va en contra de los principios de transparencia gubernamental.
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