• jueves 06 de octubre del 2022

Andalucía solicita al Gobierno respeto a sus competencias y protege eliminar Patrimonio para eludir "escapada de capitales"

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Cifra en 360 millones la cantidad que dejará de recaudar con la "sexta bajada de impuestos" de Moreno

SEVILLA, 20 Sep.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), ha defendido este martes la resolución del Gobierno andaluz de eliminar en la práctica --con su bonificación al cien%-- el impuesto cedido de Patrimonio con el propósito, entre otros muchos, de eludir la "escapada de capitales" de la zona, al paso que ha pedido al Gobierno central que respete las competencias de las comunidades autónomas en materia tributaria.

De esta forma lo ha señalado la consejera en su comparecencia en rueda de prensa tras la asamblea del Consejo de Gobierno donde se ha aprobado un nuevo decreto ley que contempla ediciones en la tributación que perjudica al IRPF, al Impuesto Sobre el Patrimonio y al canon de optimización de las infraestructuras hidráulicas, el popular como 'canon del agua', que el Gobierno andaluz va a remover en 2023.

Se habla, según puso de relieve la consejera, de la "sexta bajada de impuestos" que acomete la Junta desde el instante en que en el primer mes del año de 2019 llegó Juanma Moreno a la Presidencia, en tanto que es "señal de identidad" del Ejecutivo del PP-A, y va a dejar que Andalucía se transforme "en la segunda red social con los impuestos mucho más bajos de España, la segunda fiscalmente mucho más competitiva", aparte de "referente" en magnitudes como el empleo o la creación de compañías.

La consejera ha encriptado en 360 millones de euros la cantidad que la Junta va a "dejar en el bolsillo de los ciudadanos" con las medidas de este decreto --140 millones por el canon del agua, 124,2 por el IRPF y 95 por Patrimonio--, y ha subrayado que si a esa cantidad se aúnan los 540 millones de encontronazo de las bajadas de impuestos de la previo legislatura, a lo largo de el año próximo 2023, los andaluces van a "tener 900 millones de euros de elementos en sus bolsillos que no va a recaudar la Junta".

Ha sostenido que este decreto persigue como objetivos "contribuir a las familias y compañías a realizar frente la inflación desbocada y atraer novedosas inversiones y nuevos impositores para Andalucía".

Por otra parte, a cuestiones de los cronistas una vez que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se haya exhibido partidario de agrupar impuestos para eludir el "despropósito" de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal, la consejera ha reivindicado las competencias que la Constitución como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) reconocen para las comunidades autónomas en temas de impuestos.

"No comprendo de qué manera el ministro se brinca esas leyes", expresó Carolina España antes de apostillar que "es cierto que comúnmente" los precedentes gobiernos socialistas de la Junta "siempre y en todo momento subieron los impuestos, pero no posee por qué razón entorpecer en que el Gobierno de Moreno haya decidido llevar a cabo una bajada continuada de impuestos a los andaluces", ha añadido.

Además de esto, ha subrayado que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero "suprimió o suspendió" el impuesto de Patrimonio "en los años 2008, 2009 y 2010", si bien "entonces lo volvió a imponer en 2011", y ha negado que con esa bonificación de este tributo se vaya a resentir la prestación de servicios públicos en Andalucía como se vino señalando desde los partidos de oposición de la izquierda.

Según ha expuesto la consejera, la suspensión del canon del agua, que va a entrar en vigor el 1 de enero del próximo año, va a sospechar, solo a lo largo de 2023, un ahorro global estimado de 140 millones de euros para las familias y las compañías, y esta medida "no va a perjudicar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha", e inclusive se van a poder licitar novedosas actuaciones, merced al remanente de recaudación de 551 millones generado a lo largo de las legislaturas precedentes a la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta, en tanto que los ejecutivos precedentes del PSOE-A no invirtieron la mayoría de los mucho más de 700 millones colectados por este término, según ha advertido.

Respecto al IRPF, el Gobierno andaluz ha acordado, por una parte, la deflactación de los primeros tramos de la cuota autonómica y el incremento de los mínimos personales y familiares exentos de tributación, una medida que, según ha defendido, favorecerá de forma particular a los impositores de rentas medias y bajas.

Según ha abundado la consejera, el 82% de los impositores andaluces paga en los tres primeros tramos del IRPF, que son los que se marchan a deflactar, y la intención de esta medida es "eludir, por un lado, que un aumento salarial, que en ningún caso va a poder compensar la fuerte subida de la inflación, implique una mayor tributación para el contribuyente", y, por otra, "sostener fuera de la tributación la una parte de la renta destinada a contemplar las pretensiones básicas que, asimismo por la inflación, es mayor de lo que fué en años precedentes".

Los últimos datos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado sobre variación salarial pactada en los convenios colectivos ubican, en el mes de agosto, la subida interanual en el 2,6%. El Gobierno andaluz, "anticipándose a futuras subidas de la inflación", ha alto esa cantidad hasta el 4,3%, que coincide con el aumento interanual de los costos salariales, según la encuesta trimestral del INE.

Así, según arguye la Junta, se incrementan los primeros tramos de tributación del IRPF en un 4,3% a fin de que el contribuyente "no se vea obligado a tributar en un tramo superior por un aumento salarial animado por la inflación, pero que no piensa un incremento real de la aptitud de pago".

La Junta protege que la deflactación de los primeros tramos del IRPF va a tener como secuelas "directas" que los impositores con rentas mucho más bajas van a proseguir tributando en el mismo tramo, si bien su salario aumente, y que todos esos impositores que no vean aumentado su salario, independientemente de su nivel de capital, tributen según un tipo medio efectivo mucho más bajo que hasta la actualidad. También se amplían en exactamente la misma proporción (4,3%) los mínimos personales y familiares por los que no se paga en el IRPF.

Por otra parte, para justificar la bonificación al cien% de la cuota del impuesto de Patrimonio, la consejera ha señalado que, "de los 20 mayores impositores de Patrimonio que había en 2019" en Andalucía, "la mitad de ellos por el momento no se encontraba en 2020" al haberse ido, con lo que la zona perdió "los 3,8 millones de euros" que habían comprado en el ejercicio previo por ese tributo.

Ha precisado que el Impuesto sobre el Patrimonio representa "solamente un 0,6% de los capital tributarios de la red social", y ha sostenido que la bajada recaudatoria que conlleva su supresión se puede mitigar con el aumento de impositores previstos en IRPF, tal como ha argumentado que el Impuesto sobre el Patrimonio se considera una anomalía en países avanzados, y, en el ámbito de la OCDE, aparte de en España, solo perdura en Noruega y Suiza.

Para la Junta, visto que no permanezca en el ambiente inmediato de Andalucía, incluyendo la Comunidad de Madrid, hizo que el Impuesto sobre el Patrimonio se comporte con "un freno en el momento de que potenciales impositores instalen su vivienda fiscal en Andalucía".

Por último, el decreto ley contempla asimismo el aumento del período máximo para aplazamientos y fraccionamientos de las deudas contraídas por ciudadanos, compañías y también instituciones con la Junta, hasta 12 años con carácter general.

El propósito, según ha expuesto la consejera, pasa por ofrecer comodidades de pago a los impositores, en un contexto de desaceleración económica como el presente. Hasta en este momento, el período máximo que se venía aplicando, condicionado a una sucesión de requisitos, era de diez años.

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