• lunes 30 de enero del 2023

Andalucía solicitará la suspensión cautelar del impuesto a enormes fortunas hasta el momento en que se pronuncie el TC

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SEVILLA, 23 Dic.

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía rematan el recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aprobado este jueves por el Senado, anunció el Gobierno andaluz, que indicó que el recurso se interpondrá en el momento en que la novedosa figura tributaria construída sea publicada en el BOE y entre en vigor, "probablemente en los próximos días".

La consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha adelantado este viernes la resolución especificando que la Junta pedirá, en primer término, la suspensión cautelar del nuevo impuesto hasta la resolución del recurso, "a fin de que los impositores no se vean obligados a llevar a cabo en oposición al primer pago del impuesto mientras que el Tribunal Constitucional escoge sobre su app".

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha subrayado en un aviso que el impuesto es "un ataque directo" a la red social andaluza y a su autonomía financiera. Asimismo, ha señalado que "no fue hasta el momento en que Andalucía bonificó al cien% el Impuesto de Patrimonio en el momento en que el Gobierno central decidió hacer este tributo", que "solo quiere recortar las alas a una red social que comienza a despegar tras prácticamente 40 años de lastre socialista".

"Están regulando 'ad hoc' contra Andalucía y en oposición a lo preparado en la Constitución. Por eso asistimos al Constitucional", ha sostenido la consejera. "Es un estafa de ley, aparte de una chapuza técnica y política, puesto que el hatajo elegido por el conjunto socialista y de Unidas Podemos en el Congreso se ha saltado todos y cada uno de los reportes de garantía constitucional", ha añadido.

El recurso que presentará la Junta se enfoca en la invasión por la parte del Estado de competencias normativas que, con relación a el Impuesto sobre el Patrimonio, han asumido las comunidades autónomas. En dicho recurso, ha comentado la Junta, se enseña que la modificación en la práctica del régimen de cesión de tributos "debió adoptarse a través de la aprobación de una Ley Orgánica o, por lo menos, a través de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y no como se hizo", mediante una enmienda incluida en una proposición de ley para la creación de 2 impuestos temporales, como los que gravan los capital de las entidades financieras y las compañías energéticas.

En este sentido, el Gobierno andaluz comprende que la creación del nuevo impuesto "agrede" a la autonomía financiera, en tanto que la app del nuevo impuesto, "cuyo propósito confeso es armonizar la tributación por el patrimonio de la gente físicas en los diferentes territorios autonómicos de régimen común, ocupa competencias normativas que han asumido las comunidades autónomas".

Esto, destaca, "menoscaba ilegítimamente y sin justificación constitucional alguna la autonomía financiera que garantiza el producto 156.1 de la Constitución Española y también viola el bloque de la constitucionalidad, o sea, aquellas reglas, como la LOFCA o la Ley de Tributos Cedidos, que desarrollan los principios constitucionales".

En esta línea, la consejera ha insistido en que "no es de recibo que el Gobierno justifique este impuesto con una finalidad recaudatoria en el momento en que hasta el mes de octubre superó en mucho más de 32.000 millones de euros la recaudación de 2021, lo que piensa un 16% mucho más". "La creación de esta figura solo quiere una armonización fiscal", ha remachado.

Además, ha considerado que el nuevo impuesto "viola el producto 178.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía", lo que "asimismo piensa una infracción del bloque de constitucionalidad, ya que la imposición de este tributo debió adoptar forma de Ley Orgánica o acompañarse con una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas o LOFCA (producto 153.3)".

Por otro lado, mantiene que la aprobación del impuesto a través de la incorporación de una enmienda en la proposición de ley por la que se creaban otros 2 impuestos de carácter temporal "ha privado a los integrantes de la Cámara Legislativa de su derecho a enmendar el artículo, corregirlo o editarlo, o sea, viola el trámite parlamentario y amputa el derecho de enmienda de los parlamentarios".

"Tampoco garantiza la seguridad jurídica, ya que no está justificada la retroactividad, y, por este motivo incurre en la arbitrariedad constitucionalmente rechazada en el producto 9.3 de la Constitución Española", sigue la publicación oficial, donde también se apunta que, al aplicarse "de forma inopinada y también imprevisible, vulnera la lícita seguridad de los impositores y singularmente de los que han predeterminado su vivienda fiscal en España por su fiscalidad, a los que no se les dió tiempo a reaccionar para amoldarse a las noticias introducidas por la novedosa figura tributaria".

La Junta ha remarcado que el recurso de inconstitucionalidad hay que elaborar en el período de tres meses desde la publicación de la ley por la que se crea el nuevo impuesto. Una vez estudiada con aspecto la ley publicada, y tras la realización de trámites internos en la Consejería, se derivarán los reportes preceptivos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y al consejo Consultivo de Andalucía. Después, el consejo de Gobierno autoriza la interposición del recurso de inconstitucionalidad y se manda el expediente al Gabinete jurídico para la presentación de la demanda en oposición al Constitucional.

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