• lunes 30 de enero del 2023

Andalucía trabaja en el bono digital de 240 euros para familias atacables enmarcado en el Plan de Recuperación

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Andalucía va a recibir 6,7 millones, el 27,17% del fondo, para repartir 28.019 bonos

SEVILLA, 6 Ene.

El Gobierno andaluz trabaja en la orden para la app del bono digital para colectivos atacables, dotado con 240 euros cada un año, una idea incluida por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que ha creado a través del Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, y para la que ha pensado la concesión de 125.000 bonos digitales.

La previsión del Gobierno para Andalucía es que reciba 6,7 millones de euros, el 27,17 del fondo sosprechado, para la concesión de 28.019 bonos. Esos 6,7 millones se desglosarán en partidas de 2,71 millones (pertinente a 2021), otros 2,71 millones (de 2022) y 1,29 millones (de 2023).

La normativa de la Junta de Andalucía termina de acabar el periodo de solicitud pública, que arrancó el 22 de diciembre y concluyó este jueves, 5 de enero. El Real Decreto prevé que la implantación de esta idea va a deber haberse implementado "a mucho más demorar" el 31 de diciembre del año vigente.

La Agencia Digital de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, trabaja en las bases reguladoras en régimen de concurrencia no competitiva de subvenciones para la ejecución del Programa de Emisión de Bonos Digitales para colectivos atacables, tal como en hacer el Registro de Operadores-colaboradores del Programa.

El Gobierno estableció en el Real Decreto 989/2021 el propósito del bono digital, designado a financiar "un bulto de conexión a banda ancha o el aumento de la agilidad de los contratados desde una localización fija con una agilidad mínima de 30 megabit por segundo en sentido descendente" y que "va a ir designado a personas físicas de entidades familiares que hayan sido identificadas como atacables".

Esos 240 euros de dotación se van a repartir en 12 mensualidades, con lo que el beneficiario va a tener "una aminoración por mes de 20 euros en la factura emitida por el operador-colaborador del programa".

En el Real Decreto 989/2021 se precisa que "el derecho a recibir el bono digital a una unidad familiar y la cuantía de tal bono es sin dependencia del número de integrantes pertenecientes de exactamente la misma".

El Gobierno incluyó en el Plan de Recuperación "la ingrediente 15 (Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G) que tiene entre sus propósitos el impulso a la trasformación digital, apostando por el hecho de que el cien por ciento de la población disponga de una conectividad correcta, fomentando de esta manera la desaparición de la brecha digital entre áreas despobladas y urbanas".

El Gobierno definió en el Real Decreto 989/2021 las obligaciones de las comunidades autónomas en la ejecución del bono digital, la primera de las que apunta a que "las proporciones que se transfieran por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y también Infraestructuras Digitales van a deber ser destinadas por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de forma exclusiva a financiar un programa de emisión de bonos digitales para colectivos atacables", una exigencia a la que suma que esa transferencia presupuestaria "va a deber sostenerse distinguida a todos y cada uno de los efectos de administración, ejecución presupuestaria, contabilidad y justificación".

El Estado amenaza asimismo a las comunidades autónomas a "garantizar y asegurar el cumplimiento por la parte de los adjudicatarios, no solo de los requisitos previstos en este real decreto, sino más bien asimismo de las obligaciones contempladas para los adjudicatarios de subvenciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de avance, tal como en la normativa nacional o europea que pudiese ser de app".

Otra observación del Estado sobre las transacciones presupuestarias para la implantación del bono digital es que "el saldo no ejecutado ni puesto en compromiso a la fecha de finalización del período de vigencia del programa pensado en el producto 4 va a deber restituirse al Tesoro Público", si bien enseña en este sentido que hay 2 instantes para valorar el nivel de ejecución de la partida recibida, a los 12 y dieciocho meses desde la entrada en vigor del real decreto, que fue el 18 de noviembre de 2021, de forma que según la evolución se logre pactar "o una eventual ampliación del presupuesto recibido o el reintegro adelantado del saldo no ejecutado ni puesto en compromiso".

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