• jueves 06 de octubre del 2022

Andalucía va a estudiar estos tres meses si recurre el decreto energético y busca sobrepasar el 7% de ahorro

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SEVILLA, 9 Ago.

El Gobierno andaluz apurará el período de tres meses que prevé la normativa reguladora del Tribunal Constitucional para la presentación de un recurso contra el decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno, el Real Decreto-ley 14/2022, pero al tiempo se marca el propósito de sobrepasar el 7% de ahorro que anunció el Estado como misión de rebaja del consumo energético, una cota que se convirtió en un deber por su parte con la Comisión Europea.

En la rueda de prensa posterior a la asamblea del Consejo de Gobierno fueron los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el asesor de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, los responsables de hablar de los dos planteamientos.

Sanz, preguntado si el Gobierno andaluz iba a emular el recurso de inconstitucionalidad comunicado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto-ley 14/2022, ha señalado que, en función de las respuestas que ofreció el Gobierno este lunes en la asamblea de la Conferencia Sectorial de Energía, que ha resumido como que "el Gobierno no posee ninguna intención de rectificación" y frente "el saber del no diálogo", "en este momento contamos tres meses para investigar su contenido desde el criterio competencial".

"Disponemos tres meses y lo analizaremos con hondura", ha proseguido aseverando el asesor, quien ha argumentado sobre la estrategia del Gobierno andaluz que hablamos de "un Gobierno que apuesta por resoluciones, que agota todas y cada una de las vías", por cuanto ha remarcado que el Gobierno andaluz desea "poner el énfasis en un modelo energético claro", convencido en este sentido de que "lo poseemos".

Cuestionado por el período de tres meses para la interposición del recuros en el Constitucional, Sanz ha recordado que "el período lo establece la regla para enseñar un recurso", en referencia a la normativa reguladora del Tribunal Constitucional.

El asesor de la Presidencia ha precisado que, frente a las inquietudes jurídicas con cualquier regla, "para eso existe el Gabinete Jurídico, que va a hacer los análisis que corresponden", un paso previo antes que la última palabra sobre la resolución la tome el Consejo de Gobierno.

"Lo que hacemos es derivar ese análisis al Gabinete Jurídico a fin de que después hagamos los análisis en el Consejo", ha precisado Sanz.

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