• sábado 10 de diciembre del 2022

Apuntan en el mes de septiembre juicio por presunta compra municipal ilegal de láminas de Goya en Carboneras (Almería)

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ALMERÍA, 9 Jul.

La adquisición presuntamente irregular de 80 facsímiles de grabados de Francisco de Goya con dinero público por la parte de la exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería)Josefa Cruz se festejará en el mes de septiembre, mucho más de cinco años una vez que la Fiscalía abriera investigación para saber el paradero de la compilación que está aún "desaparecida" sin que se haya expuesto al público "nunca".

La vista oral, que se ha suspendido en múltiples oportunidades, la última en el mes de julio de 2021, se ha señalado por el Juzgado de lo Penal 3 de Almería para el día 20 de septiembre, desde las diez,00 horas, conforme han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Cruz Orta, quien abandonó la política de manera activa en 2019 al no concurrir en la lista del PSOE que encabeza el presente alcalde, José Luis Amérigo, se encara a penas de un año de prisión y de ocho años de inhabilitación particular para empleo o cargo público.

El juzgado instructor de Vera ordenó abrir juicio oral en el mes de febrero de 2019 y requirió a la ex- concejal socialista a fin de que prestara una fianza de 5.933 euros.

Al margen de las penas de cárcel y también inhabilitación, se encara a una multa de 4 meses a razón de diez euros diarios, y a la suspensión de empleo o cargo público por intérvalo de tiempo de 2 por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público cree que Joseda Cruz incurrió al obtener la compilación por 3.250 euros en un "gasto insignificante y superfluo para el tesoro público" y le recrimina la toma de una resolución que considera "personal suya, arbitraria en su esencia y distanciada del interés público".

El escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, recopila que, como concejal de Cultura de Carboneras, tomó el acuerdo de comprar para el Ayuntamiento "80 estampas de Francisco de Goya de una compilación llamada 'Los Desastres de la Guerra' por importe de 3.250 euros".

Señala que el pago se realizó de manera "aplazada" en los meses siguientes y que "fueron abonados por el Ayuntamiento" según consta en la factura emitida por la editorial.

Si bien las referidas estampas fueron recepcionadas en el Ayuntamiento "en torno al 31 de agosto de 2009 por la acusada", el fiscal destaca que "nunca" fueron expuestas al público, "ni usadas ni visionadas por nadie amén de la acusada, estando desaparecidas desde fecha indeterminada y sin que estén localizadas en ninguna dependencia municipal".

Sobre la resolución adoptada por la concejal, señala que no prosiguió "ningún método técnico, ni conveniencia ni herramienta para el Ayuntamiento" al paso que no se gestionó "mínimo expediente administrativo".

"Fue una resolución personal suya, arbitraria en su esencia y distanciada del interés público, que supuso un gasto insignificante y superfluo para el tesoro público", concluye.

La investigación se inició tras la demanda presentada frente a la Fiscalía por el entonces aparato de gobierno de Gicar-PP que lideraba Salvador Hernández y donde se recogía la presunta desaparición de las estampas, relativas desde la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de vericidad.

La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial, se adquirió el 31 de agosto de 2009 al lado de otras producciones editoriales que sí aparecen en la biblioteca municipal.

El consistorio carbonero estuvo prácticamente tres años tras la pista de la compilación, que valoró en 2019 en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se advirtió de "forma casual" al adoptar entre las medidas para mejorar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una secuencia de pagos.

De hecho, antes de interponer la demanda, se solicitó a la edil que aportase información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un período de diez días a fin de que respondiera, más allá de que no lo logró.

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