La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz ha impuesto una severa condena de 22 años y dos meses de prisión al armador del pesquero Rúa Mar, que naufragó en enero de 2020 tras regresar de aguas marroquíes, resultando en la trágica muerte de seis personas. El veredicto, que se emitió tras la conclusión del juicio el pasado 10 de octubre, marca un hito en este caso que ha captado la atención pública.

La sentencia, que ha sido revelada por Europa Press, dictamina 12 años de cárcel por los homicidios imprudentes, además de otros cargos serios que elevan la penalización total. Esto incluye cinco años y cuatro meses por un delito contra la salud pública, así como un año y dos meses por pertenencia a un grupo criminal. Las operaciones de blanqueo también han sido castigadas, con un total de tres años y cuatro meses por este concepto y cuatro meses más por un intento fracasar. Adicionalmente, la sentencia obliga al condenado a indemnizar a las familias de las víctimas con más de un millón de euros y a pagar una multa que supera los seis millones y medio de euros.

En cuanto a los otros implicados en el caso, las penas impuestas varían entre seis años y dos meses hasta tres años y cuatro meses de prisión, especialmente para la pareja del armador, quien también ha sido condenada por delitos de blanqueo. Es fundamental resaltar que, entre los seis acusados en total, uno se encuentra en paradero desconocido, lo que añade un nivel de complejidad al procedimiento judicial.

Las investigaciones de la Policía Nacional, que comenzaron a principios de 2019, desvelaron un esquema de introducción de drogas, específicamente hachís, proveniente de Marruecos. Este tráfico se realizaba mediante embarcaciones de pesca, administradas por el armador del Rúa Mar, quien tenía al menos cuatro barcos a su disposición para llevar a cabo estas actividades ilícitas.

El armador era considerado el líder del grupo delictivo, responsable de la organización y supervisión de las operaciones que incluían la recepción de drogas en alta mar y su posterior introducción en las costas españolas. Según las pruebas, él controlaba a los capitanes de las embarcaciones, quienes eran de su confianza y tenían pleno conocimiento de la actividad ilegal que realizaban.

El barco Rúa Mar zarpó del Puerto de Barbate el 22 de enero de 2020 con dirección a aguas marroquíes, y fue detectado en coordenadas específicas durante la madrugada, coincidiendo con las conversaciones interceptadas entre los acusados. Esa misma tarde, durante una conversación telefónica grabada, el armador supo que el hachís había sido cargado, pero el barco enfrentaba problemas mecánicos que le impedían navegar.

Lo que ocurrió luego es confuso; tras un breve contacto con una persona no identificada, el barco perdió el rastro, y no fue sino hasta la mañana del 23 de enero que se intentó contactar al armador a través de Salvamento Marítimo, quien llamó en busca de información sobre la embarcación.

Finalmente, la radio baliza del Rúa Mar fue localizada el 24 de enero de 2020, pero se comprobó que no había sido activada manualmente. Este hallazgo se produjo a 14 millas del lugar inicial donde se había emitido la señal de socorro. Curiosamente, no se logró establecer si los fardos encontrados días después en las costas tenían relación con la carga del pesquero.

La sentencia subraya que el armador, consciente de la avería en el embrague del barco, actuó con negligencia al no tomar medidas que pudieran haber evitado la tragedia. Si hubiera avisado a los servicios de salvamento tras enterarse del problema mecánico, estos podrían haber llegado a tiempo para prevenir el hundimiento del Rúa Mar.