En Sevilla, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha expresado su satisfacción por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que permite a los herederos de personas dependientes fallecidas reclamar la devolución de los gastos adelantados en caso de que el Programa Individual de Atención (PIA) no haya sido aprobado. Animando a los familiares de fallecidos en espera de la resolución de su solicitud de dependencia a iniciar los trámites correspondientes.

La sentencia, dada a conocer por Europa Press, desestima un recurso de la Junta de Andalucía y da la razón a la hija y tutora de una mujer con dependencia reconocida que falleció sin que se aprobara la propuesta de PIA de ingreso en una residencia realizada por los Servicios Sociales de Dos Hermanas (Sevilla). Tras su fallecimiento, la Administración cerró el procedimiento por considerar que ya no tenía objeto.

La FOAM ha aplaudido esta decisión judicial y ha destacado la cifra de 48,857 personas fallecidas en lista de espera de dependencia en Andalucía entre los años 2017 y 2023, según datos del Portal de Transparencia del Gobierno Central proporcionados a la Federación. Indicando que Andalucía tarda un promedio de 568 días en resolver un expediente, cifra por encima de la media nacional y de otras comunidades autónomas como Canarias.

Según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en marzo de 2024 Andalucía tiene un déficit de 32,670 plazas en residencias de mayores y la distribución del gasto en el Servicio de atención a la dependencia ha cambiado significativamente en los últimos años, con menos aportación por parte de la comunidad autónoma de lo que solía ser. Las asociaciones andaluzas de mayores han enfatizado la necesidad de seguir mejorando el sistema de atención a la dependencia en la región.

La FOAM ha solicitado a la Junta de Andalucía que mantenga el nivel de aportación de hace tres años hasta que se logre reducir el tiempo de resolución de expedientes, actualmente muy por encima de lo establecido por la Ley. Poniendo el foco en la importancia de agilizar los trámites para garantizar una atención oportuna a las personas en situación de dependencia en la región.