En Almería, la empresa Azata del Sol ha presentado una solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instando al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, perteneciente a Ciudadanos (CS), a que en un plazo de un mes justifique el inicio del proceso para la revisión de oficio de la controvertida licencia de obras del hotel en El Algarrobico.

En un documento dirigido al TSJA en diciembre, que ha sido consultado por Europa Press, la promotora está buscando que se ejecute lo decidido en una providencia emitida el pasado 9 de febrero. En esa ocasión, se le otorgó un plazo de 30 días al entonces alcalde Felipe Cayuela para iniciar el expediente correspondiente para revisar la licencia otorgada.

El propósito de esta acción es cumplir con una sentencia firme que declara que la mencionada licencia presenta "vicios de nulidad". La anulación de esta licencia es vista como un paso crucial para proceder a la demolición del controvertido hotel y devolver el paraje a su estado original, algo que ha sido subrayado por el Tribunal Supremo.

Además, la empresa ha solicitado que, en caso de que el Ayuntamiento no actúe, sea el propio tribunal del TSJA quien lleve a cabo la ejecución "subsidiaria" de la sentencia con el fin de anular la licencia. Esto permitiría, en caso de que se dé esta situación, reconocer las "indemnizaciones" que pudieran corresponder a Azata.

Es importante mencionar que la licencia de obras fue concedida el 20 de enero de 2003 por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, actuando bajo delegación del alcalde, quien mantenía la competencia para ello. Por lo tanto, se argumenta que la responsabilidad de iniciar el expediente de revisión recae en la comisión de gobierno o en el alcalde mismo, y no en el Pleno de la corporación.

La postura de la empresa se produce en un contexto complicado, dado que el pasado 11 de diciembre, la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA solicitó acciones específicas para dar cumplimiento a la sentencia, después de que se desestimara la solicitud de Greenpeace para suspender la ejecución de las obras hasta que Carboneras reconociera oficialmente que los terrenos son "no urbanizables".

En relación a este tema, el TSJA también pidió en diciembre al Ayuntamiento de Carboneras que realizara modificaciones en su planeamiento urbanístico, considerando que la documentación presentada hasta el momento no cumplía con la sentencia que establece que los terrenos de El Canillar y El Algarrobico deberían ser categorizados como "no urbanizables". El tribunal advirtió explícitamente al alcalde sobre la posibilidad de multas coercitivas si no se actuaba adecuadamente.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada emitió una orden "urgente" dirigida al alcalde, instándole a tomar medidas y a realizar modificaciones en el plan general del municipio, de acuerdo con las observaciones realizadas por Greenpeace y la Junta de Andalucía, que habían presentado alegaciones al informe técnico del Ayuntamiento enviado en agosto.

En su resolución, la magistrada María del Mar Jiménez Morera también instruyó al alcalde para que informara "cada diez días" a la Sala sobre las acciones emprendidas para cumplir con los cambios ordenados y adecuar los sectores ST-1 y ST-2 a la clasificación de "no urbanizables".

Finalmente, se hizo un aviso claro a Hernández, advirtiendo que ante cualquier dilación injustificada se impondrían "multas coercitivas", además de la posibilidad de que se requiriera la actuación de las autoridades judiciales para analizar si corresponde exigir responsabilidad penal.