La Junta ten en cuenta que la compañía era "titular" de la balsa siniestrada y la entidad manifiesta el permiso para el recrecimiento

SEVILLA, 29 Sep.

El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha festejado este jueves una perspectiva, en el marco del pleito derivado de la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra la compañía minera sueca Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros mucho más intereses, por los costos de restauración y limpieza afrontados por la Administración pública a cuenta de la catástrofe medioambiental acontecida en 1998 con la fractura en la balsa de restos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

La demanda se dirige, específicamente, contra Boliden Apirsa y las sociedades del mismo conjunto Boliden AB y Boliden BV, manifestando la representación de la Junta de Andalucía al empezar esta vista, que la fractura de la citada balsa de restos de metales pesados el 25 de abril de 1998 se tradujo en el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el ambiente de la cuenca del río Guadiamar, en las cercanías del parque natural de Doñana, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas.

La Administración andaluza, según la representación jurídica de exactamente la misma, aceptó la "intervención ordenada" para batallar el mencionado macro vertido y volver a poner el daño medioambiental, si bien desde un primer instante con la "intención" de "tener repercusión" los costos afrontados a los causantes de la situación, recordando que Boliden, que desarrollaba su actividad a través del mencionado conjunto de compañías, "era titular" de la balsa siniestrada y ostentaba "la mayor parte" del capital popular de Boliden Apirsa y del mencionado conjunto de sociedades.

Invocando la doctrina del alzamiento del velo, destinada a batallar los abusos que se provocan en el momento en que la personalidad jurídica de una sociedad es usada como cobertura para incumplir con obligaciones, la representación de la Administración andaluza ha aseverado conque merced a la Ley de Minas, Boliden está "obligada por ley" a resarcir los costos sufragados para la restauración medioambiental de la larga región perjudicada por la catástrofe.

Las representaciones de Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV han lamentado de su lado el citado vertido de lodos contaminantes, además de esto "intensamente", pero han solicitado la desestimación de esta demanda o "acción de reembolso".

Según el gerente legal de Boliden Apirsa, de la regulación en la materia y los hechos resulta "palmario" que no pesa "obligación" alguna de compensar a la Junta de Andalucía por los nombrados trabajos de restauración ambiental, ya que nuestra Junta "autorizó el recrecimiento" de la balsa siniestrada y, en su demanda, incluye proporciones "no imputables" a la compañía, en referencia a costos por trabajos auxiliares de "optimización" para la creación del Corredor Verde del Guadiamar; tal como "polémicas" con en comparación con "pago" efectivo de las cuantías esgrimidas y el destino final de distintas proporciones.