Carboneras exige al TSJA que desestime las objeciones de la Junta y respalda su acción en El Algarrobico.
El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha presentado una solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que rechace las objeciones presentadas por la Junta de Andalucía contra la decisión del pleno municipal de abril que modificó la clasificación de El Algarrobico como "suelo no urbanizable". Según el Ayuntamiento, esta decisión cumple estrictamente con la sentencia firme que declara que el área es de especial protección medioambiental.
El Ayuntamiento niega que la ejecución de esta sentencia tenga efecto sobre las licencias otorgadas anteriormente, incluida la licencia municipal de obras del hotel de Azata que se remonta a 2003, y sostiene que la anulación de la normativa urbanística que la respalda es consecuencia directa de esta sentencia, que es firme desde 2018.
Carboneras responde así al incidente de ejecución presentado por la Junta de Andalucía, en el cual solicita al TSJA la anulación parcial de la decisión del pleno municipal de abril y que ordene al ayuntamiento reflejar en sus documentos y decisiones que El Algarrobico es suelo no urbanizable de especial protección desde 1994, año en el que se publicó la normativa ambiental del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
El Gobierno de Andalucía afirma que la decisión municipal no era necesaria, ya que el área ha tenido la calificación protegida donde no se puede construir desde hace casi tres décadas, y considera que esta condición fue establecida judicialmente con efecto desde 1994, mucho antes de que se aprobara la calificación urbanizable en 2009.
En su respuesta al TSJA, el Ayuntamiento de Carboneras considera incomprensibles los reproches que hace el Gobierno de Andalucía y argumenta que entendió que cumplir con la sentencia solo requería una adaptación formal de su contenido material para evitar que el planeamiento urbanístico del municipio siga reflejando la condición de suelo urbanizable en el sector ST-1 o Algarrobico.
El ayuntamiento señala que ese fue el único objetivo del acuerdo, y defiende que la sentencia le obliga a adaptar la normativa municipal a una clasificación específica de suelo como no urbanizable. Además, sostiene que el acuerdo no tiene ningún otro efecto, como el que debería tener la sentencia sobre las licencias otorgadas anteriormente, ya que la anulación de los instrumentos de planificación que las respaldaban es consecuencia directa de la sentencia.
Por último, el Ayuntamiento de Carboneras comunica al TSJA que las acciones para cumplir con la sentencia se realizaron de manera coordinada con la Junta de Andalucía y que, tras una reunión con responsables de la Delegación de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se solicitó un informe sobre el procedimiento a seguir para ajustar la normativa municipal.
La Junta de Andalucía ha presentado un incidente de ejecución ante el TSJA alegando un incumplimiento defectuoso de las sentencias por parte del Ayuntamiento de Carboneras según lo revelado en el análisis del acuerdo enviado a la Consejería de Fomento para su inscripción en el Registro andaluz de Planeamiento. La Junta pide que se detengan todas las acciones que cuestionen la calificación del suelo de El Algarrobico como no urbanizable especialmente protegido desde 1994.
Por otro lado, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar han respaldado el escrito presentado por la Junta de Andalucía al TSJA, en el cual se afirma que el suelo de El Algarrobico es no urbanizable de especial protección desde 1994, y han solicitado que el ayuntamiento refleje esto en sus documentos y decisiones relacionadas con el área donde se encuentra el hotel de Azata.
Estos colectivos piden que se declare la nulidad del acuerdo del pleno municipal que modificó el plan urbanístico en abril, con el objetivo de cumplir con una sentencia firme desde 2018, por la cual el entonces alcalde, José Luis Amérigo (PSOE), estaba sujeto a una multa.
La promotora del hotel, Azata del Sol y Azata Patrimonio, ha solicitado a la sala personarse en el caso, argumentando que como propietaria de cinco parcelas en El Algarrobico sobre las cuales se construyó el hotel con una licencia municipal de obras concedida en 2003, podría resultar afectada por la resolución final del tribunal.