Carboneras incumple la sentencia del TSJA sobre la no urbanización del Algarrobico desde 1994, según informes de la Junta.
El Gobierno de Andalucía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordene al Ayuntamiento de Carboneras que reconozca oficialmente que el paraje de El Algarrobico y el suelo donde se encuentra el hotel de Azata son considerados como suelo no urbanizable de especial protección desde 1994. Esta solicitud también incluye la anulación parcial del acuerdo municipal adoptado en abril, ya que la categoría de suelo protegido del Algarrobico ha estado en vigor desde 1994.
La Junta argumenta que el Ayuntamiento no ha cumplido adecuadamente con las sentencias judiciales respecto a El Algarrobico y pide que cese cualquier acción que cuestione la calificación del terreno como suelo no urbanizable desde 1994. También solicitan que el Ayuntamiento refleje esta realidad en sus documentos y decisiones. Cabe mencionar que la licencia municipal de obras del hotel de Azata fue declarada legal por el Tribunal Supremo en 2003.
Los servicios jurídicos de la Junta argumentan que el Ayuntamiento no ha cumplido fielmente con las sentencias judiciales sobre el paraje y que ha ignorado otros pronunciamientos judiciales relevantes. Además, subrayan que la actividad municipal en la ejecución de la sentencia no puede ir más allá de reflejar formalmente en el planeamiento vigente el grado de protección correspondiente.
También se destaca que la Junta ya advirtió al Ayuntamiento en enero de 2023 que debía limitarse a reflejar en sus documentos la clasificación del suelo y que el cumplimiento de la sentencia se refiere únicamente a la inclusión de la protección adecuada en el plan general de urbanismo vigente.
Por otra parte, Greenpeace ha denunciado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Carboneras es nulo debido a un defecto en su tramitación. También han solicitado una multa para el exalcalde José Luis Amérigo por una supuesta maniobra dilatoria.
Finalmente, el Tribunal Supremo concluyó en enero que debido a la complejidad del caso, no se puede ordenar la demolición del hotel por vía judicial, ya que la licencia municipal de obras es legal y ha estado en vigor casi 20 años a pesar de las regulaciones ambientales y la Ley de Costas. Sin embargo, el tribunal advirtió que las complicaciones no deben distorsionar las instituciones jurídicas y que la revisión de oficio del permiso municipal debe ser llevada a cabo por el Ayuntamiento.