En Sevilla, el 21 de diciembre, se ha suscitado un importante debate tras las declaraciones de Alejandro Cardenete, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, quien ha comentado sobre la reciente evaluación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en relación a los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Cardenete no ha dudado en señalar que, a menudo, estas diligencias e imputaciones, lejos de concretarse en responsabilidades claras, terminan desvaneciéndose. Según él, esto ha generado un caos informativo en el que muchos ciudadanos solo recuerdan los titulares sino el desenlace finalmente intrascendente.

En su análisis, Cardenete explicaba que, tras la apertura de diligencias y la solicitud de documentación por parte de la Fiscalía, el procedimiento concluyó con el cierre del mismo, ya que no se pudo apreciar responsabilidad contable en relación a un reintegro de fondos públicos vinculados a la contratación del SAS en el año 2020. Resalta así un aspecto crítico de la gestión pública y los procesos de fiscalización en Andalucía.

En una entrevista con Europa Press, el presidente de la Cámara alertaba sobre el impacto mediático de la actuación de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, sugiriendo que se convierte en un instrumento que alimenta la confrontación política entre partidos. Cardenete optó por mantenerse al margen de este escenario, subrayando que no puede involucrarse en esta dinámica de "ruido mediático".

Durante esta entrevista, Cardenete también hizo alusión a una reunión reciente donde se discutió la situación con la presidenta del Tribunal de Cuentas, asegurando que la mayoría de las diligencias previas del pasado año fueron finalmente cerradas. Esto dejó en evidencia la inquietud que siente entre los órganos responsables de la fiscalización ante la apertura, a veces habitual, de diligencias que, como él dice, pueden ocasionar un "malestar" debido a la interpretación política que pueden recibir.

En un contexto más amplio, Cardenete ha situado la actividad de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el marco de la contratación de emergencia durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Este asunto es objeto de atención del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, donde la Fiscalía Anticorrupción analiza una denuncia presentada por el PSOE de Andalucía. Cardenete comentaba que, muchas veces, los informes de la Cámara son trasladados a las instancias superiores en Madrid, lo que puede generar una sensación de nerviosismo en el ámbito mediático.

El presidente de la Cámara no ha escondido su preocupación, indicando que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía podría sugerir que los informes elaborados por su institución no sean del todo adecuados. Ante esta inquietud, ha afirmado que entiende que se realicen lecturas políticas del trabajo de la Cámara, dado que es un órgano de representación parlamentaria y, por tanto, susceptible a interpretaciones en un contexto cada vez más polarizado.

Asimismo, Cardenete se pronunció sobre la implicación judicial que podría tener la decisión del Tribunal de Cuentas de no considerar responsabilidades contables. En su opinión, los diferentes organismos que gestionan la fiscalización y la justicia operan de manera independiente y cualquier actuación judicial en relación a los contratos del SAS es competencia exclusiva del juez de turno, quien decidirá qué información es pertinente recabar.

Resaltando la importancia de la separación de poderes defendida desde hace siglos, Cardenete defendió que lo que pueda influir en la decisión de un juez depende únicamente de su criterio personal, reiterando que su labor ha sido cumplida y que el Tribunal de Cuentas ha realizado sus funciones como corresponde.

El presidente de la Cámara de Cuentas ha expresado su descontento con el desprestigio que a veces se asocia a su institución, aclarando que todos sus informes son supervisados posteriormente en Madrid y cualquier hallazgo puede ser registrado y atendido por la Fiscalía. En este sentido, ha insistido en que el trabajo de sus funcionarios es crucial y que cada documento que elaboran tiene un impacto significativo en el ámbito público.

Cardenete también exaltó el trabajo del personal de la Cámara de Cuentas, recordando que el informe más reciente, sobre la Cuenta General de la Junta de Andalucía 2023, ha sido elaborado por sus funcionarios, quienes han superado un riguroso proceso de selección. Aunque él y sus consejeros pueden participar en el análisis de los informes, recalcó que el trabajo técnico corresponde a los funcionarios de la institución, a quienes está agradecido por su dedicación y profesionalidad en el desarrollo de sus funciones.