Casi 20.000 migrantes en Andalucía se han dado de alta en la Seguridad Social tras regularización
Hasta el 30 de junio, en Andalucía se han registrado 19.968 altas en la Seguridad Social de migrantes que solicitaron regularizar su situación. Este volumen representa el 12,6% del total nacional, donde en España ya son 159.097 los migrantes afiliados tras el proceso. La región se sitúa como la cuarta comunidad en volumen de solicitudes, con cerca de 162.000 peticiones recibidas, principalmente de nacionalidades colombiana y marroquí.
El proceso, impulsado por el Gobierno central, responde a una estrategia política que busca integrar a quienes residen en España sin regularización, en un contexto de tensiones políticas y debates sobre inmigración. La regularización, además de formalizar derechos laborales y sociales, pretende reducir el miedo y la vulnerabilidad de estos colectivos, en un escenario de creciente presión social y política en torno a la inmigración.
Las cifras indican que el 58,2% de las solicitudes en Andalucía corresponden a hombres, lo que evidencia la presencia significativa de migrantes en empleos informales o en actividades esenciales. La participación activa en el sistema contributivo refuerza la idea de un proceso que puede transformar las condiciones laborales y sociales de estos colectivos, en un marco de debate sobre integración y políticas migratorias.
Desde el ámbito político, la Administración central y autonómica destacan la importancia del proceso para fortalecer la cohesión social y reducir la precariedad. Sin embargo, la regularización también enfrenta desafíos políticos y sociales, incluyendo la resistencia de ciertos sectores y la necesidad de gestionar la integración efectiva en el mercado laboral y en la comunidad.
Este proceso de regularización se enmarca en un contexto más amplio de cambios en las políticas migratorias en España, que buscan equilibrar aspectos humanitarios y de control. La futura evolución de estas medidas dependerá de la voluntad política y de la capacidad de las administraciones para gestionar la integración social y laboral de los migrantes en un escenario de creciente demanda y complejidad.