MÁLAGA, 8 de noviembre. - En un reciente veredicto, el tribunal que ha llevado a cabo el juicio del caso 'Astapa', relacionado con presuntos actos de corrupción política y urbanística en la localidad de Estepona, Málaga, ha decidido condenar a un total de 15 individuos. Entre los condenados se encuentra el exalcalde socialista Antonio Barrientos, quien ha sido sentenciado por un delito de cohecho a una suspensión de empleo o cargo público por un período de cinco meses y siete días, además de enfrentar una multa de 40.000 euros.

Además de Barrientos, otros 14 acusados han recibido diversas sanciones, que incluyen desde multas hasta la suspensión de sus empleos y cargos públicos. Un caso particular destaca, donde se ha impuesto una pena de seis meses de prisión a uno de los implicados. De un total de 31 procesados, este grupo ha sido absuelto, en algunos casos debido a la prescripción de los delitos que se les imputaban.

Los acusados, junto a sus abogados defensores, han sido convocados para este próximo viernes, donde se procederá a la lectura del fallo judicial, que cuenta con más de 3.000 folios de contenido. Cabe recordar que la investigación de este caso comenzó hace 16 años, en 2007, mientras que el juicio formal sólo inició 17 años después.

En el arranque del juicio, se contabilizaban casi 50 acusados, que incluían a Barrientos y varios exresponsables municipales del PSOE, así como del Partido de Estepona (PES), además de empresarios y funcionarios de diversas áreas. Actualmente, después de la celebración de la vista oral y varios procesos de sobreseimiento, solo quedan en pie 37 acusaciones, puesto que la Fiscalía retiró sus cargos contra nueve personas en un momento determinado.

El desarrollo de la vista oral tuvo lugar el 9 de enero de 2023, iniciándose con la presentación de cuestiones previas. Durante este proceso, la Sala decidió anular ciertas escuchas telefónicas que habían sido parte de la investigación. El juicio se organizó en bloques con el fin de facilitar su conducción; no obstante, la notable complejidad del caso provocó que las sesiones se extendieran por un año y medio, reflejando un claro reflejo de los desafíos presentes en la justicia española ante casos de corrupción.