Crónica Andalucía.

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Catorce detenidos en la Costa de Granada por tráfico ilegal de inmigrantes.

Catorce detenidos en la Costa de Granada por tráfico ilegal de inmigrantes.

La Audiencia Provincial de Granada ha dictado una sentencia condenatoria que afecta a 14 integrantes de una red delictiva dedicada a la entrada ilegal de inmigrantes marroquíes en España entre los años 2019 y 2020. Estos individuos, conocidos como los 'simpapeles', lograban eludir los controles fronterizos al presentar permisos de residencia falsos que habían sido previamente vendidos por compatriotas que compartían un parecido físico con ellos.

Todos los implicados en esta trama criminal eran originarios de Marruecos y se encontraban residenciados en las localidades costeras de Motril y Torrenueva. Su rol consistía en identificar a familiares y conocidos dispuestos a vender sus documentos de identidad a los líderes de la organización.

La operación se desenvolvía en Marruecos, donde los cabecillas de la red ofrecían estos documentos a inmigrantes irregulares a cambio de importantes sumas de dinero, que podían oscilar entre 14,000 y 20,000 euros, tal como se establece en la resolución judicial a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los inmigrantes, en compañía de uno o varios miembros de la red, cruzaban la frontera presentando la documentación falsificada, haciéndose pasar por sus legítimos dueños. Se aseguraban de que existiera un cierto parecido físico entre el titular del documento y el que intentaba entrar a España, aumentando así sus posibilidades de éxito en el intento de entrada ilegal.

Una vez que lograban ingresar al país, la documentación retornaba a manos de los miembros de la organización para ser reutilizada por otros inmigrantes que buscaban cruzar la frontera de forma similar. Gracias a este modus operandi, la red facilitó la llegada a España de numerosos marroquíes cuyo origen no ha podido ser determinado, incluyendo a familiares cercanos de los acusados.

Durante el juicio, los acusados admitieron los hechos y aceptaron penas que alcanzan hasta los dos años de prisión por delitos reiterados contra los derechos de los extranjeros y por el uso de documentos falsos, aplicándose además una atenuante por dilaciones indebidas en el proceso judicial.