El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha manifestado su desaprobación hacia la Junta de Andalucía por no aplicar las revisiones de precios en los contratos de conservación de carreteras, a pesar de que esto está contemplado en el Decreto-ley 4/2022, aprobado por el propio Gobierno autonómico. Según la normativa, los contratos de conservación deben ser actualizados de la misma manera que los de obras, incluyendo prórrogas si fuera necesario.
Ceacop ha expresado su indignación ante el hecho de que solo se estén reconociendo parcialmente las revisiones, dejando fuera la mayor parte de los capítulos de las certificaciones, lo cual va en contra de lo establecido en el decreto. Las propuestas de resolución apenas alcanzan el 20 por ciento de los importes que les corresponden, lo cual genera enormes pérdidas para las empresas involucradas.
El gerente de Ceacop, Arturo Coloma, ha declarado que este cambio de criterio por parte de la Junta de Andalucía es decepcionante para las empresas, que han estado realizando su trabajo confiando en que se aplicaría el procedimiento establecido en la normativa. Aunque esto no resolvería completamente el impacto real que están sufriendo, representaría un avance significativo.
Una de las consecuencias más inmediatas denunciadas por la organización es que la Administración autonómica está pagando a los trabajadores de estas tareas un 30 por ciento por debajo del convenio, lo que obliga a las empresas a asumir pérdidas insostenibles. Consideran que es irresponsable por parte de la Junta de Andalucía fomentar la precariedad laboral.
La reivindicación de Ceacop se refiere a todas las conservaciones de la red de carreteras de la Junta de Andalucía, que se traduce en contratos que rondan los 250 millones de euros. La cantidad solicitada representa solo un diez por ciento, pero el Gobierno regional apenas reconoce menos del dos por ciento, a pesar de que los sobrecostes en promedio alcanzan el 30 por ciento para las empresas contratistas.
Además, advierten que si la situación no se equilibra, las empresas analizarán las medidas que se verán obligadas a tomar. En cuanto a la mano de obra, no descartan expedientes de regulación de empleo para ajustar las plantillas a los importes recibidos por la Administración.
Coloma destaca que, aunque inicialmente la Junta y la Consejería de Fomento mostraron predisposición para resolver las pérdidas ocasionadas por la inflación, en los últimos meses han disminuido los cálculos, presentado recursos y obstáculos en los expedientes, lo cual resulta en menores cantidades a recibir y retrasos en los pagos.
Ceacop considera que la Consejería está abandonando a las pymes andaluzas encargadas de la seguridad vial y la conservación de carreteras, lo cual supone una especialización laboral con riesgos. Esto resulta en pérdidas de más de 20 millones de euros por incumplimiento y pone en peligro las condiciones de trabajo y el empleo del personal adscrito a estas tareas, así como la viabilidad de las empresas del sector.
La patronal recalca que la gestión de esta problemática no debería llevar a la judicialización de los expedientes, sino a la aplicación ágil de las resoluciones del decreto para que las empresas puedan compensar las pérdidas sin demoras excesivas.
En cuanto a los contratos de emergencia, también se observa la falta de revisión prometida por la Junta.
Ante esta situación, Ceacop y las empresas afectadas han solicitado una reunión urgente con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, con el objetivo de expresar su malestar y exigir una solución inmediata.
Esperan que la consejera se involucre en la resolución del problema, como solía hacer su predecesora en el cargo. Desde la asociación han notado un cambio de actitud por parte del nuevo equipo de Gobierno, que parece inclinarse por los recortes que tuvieron graves consecuencias en el pasado.