En Madrid, el 7 de enero, el sector pesquero español ha expresado su inquietud a Isabel Artime, secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre ciertos requisitos que se implementarán bajo el nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, el cual entrará en vigor el próximo 10 de enero. Esta normativa, según señala la Confederación Española de Pesca (Cepesca) a través de un comunicado, plantea obligaciones que son "difíciles o prácticamente imposibles" de cumplir para una porción significativa de la flota que opera en caladeros tanto nacionales como internacionales.

En sus comunicaciones al Ministerio liderado por Luis Planas, la flota nacional pide que se preserve el umbral mínimo de 50 kilos para la declaración de capturas en el Diario de Pesca Electrónico (DPE) y que no se imponga un límite horario fijo para las notificaciones previas de entrada a puerto. Ambas medidas, según los pescadores, "comprometen los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y control" que deben regir en la normativa comunitaria, a la vez que se tornarían en una carga "técnicamente inviable" para muchas embarcaciones.

Cepesca ha indicado que actualmente, la flota no cuenta con los sistemas de pesaje adecuados a bordo ni con medios capaces de identificar y cuantificar capturas de pequeña escala de manera precisa durante la faena, siendo que estas cantidades solo se determinan tras el pesaje oficial en puerto. Obligarlos a reportar estas capturas desde el primer kilogramo convertiría el DPE en un ejercicio de estimaciones carente de bases técnicas, oponiéndose a la lógica del Reglamento de Control, que reconoce que los datos abordo son, en efecto, meras proyecciones sujetas a márgenes de error.

El sector pesquero siente que la obligación de declarar todas las capturas incrementará notablemente el número de registros que se deben llevar y contribuirá a desajustes entre las estimaciones en el mar y los datos consolidados en puerto. Los pescadores advierten que este fenómeno tendrá un efecto sancionador "desmesurado", afectando particularmente a las especies accesorias que, a menudo, carecen de valor comercial significativo y no influyen en la gestión de los recursos pesqueros.

Asimismo, la flota española ha señalado que esta tendencia de sanciones podría redirigir el control pesquero hacia infracciones puramente formales, sin ofrecer mejoras efectivas en términos de conservación, trazabilidad o combate a la pesca ilegal. En un segundo escrito a Isabel Artime, Cepesca también rechaza la imposición de un plazo horario fijo para la notificación de entrada a puerto. Aunque la normativa europea establece una antelación mínima de cuatro horas, reconoce que los Estados miembros pueden ajustar dicho plazo dependiendo de la realidad de diferentes flotas y actividades.

El sector ha alertado sobre los riesgos que implicaría el requerir a los patrones que completen y envíen notificaciones electrónicas durante las maniobras finales de navegación y entrada al puerto, especialmente en aquellos con alta congestión, bocanas angostas o condiciones climáticas adversas.

Frente a esta situación, la flota española demanda al Ministerio mantener un umbral mínimo operativo para la declaración de capturas, al menos para flotas o modalidades específicas, o establecer un procedimiento simplificado para capturas de bajo volumen. También solicitan no imponer un límite horario rígido para las notificaciones de entrada a puerto, sugiriendo que una simple comunicación previa a la llegada sería suficiente, en línea con las directrices del artículo 17.1 bis del Reglamento de Control.