Cerca del 20% de energía defraudada en Andalucía se usa para cultivar marihuana

Entre enero y marzo de 2026, Andalucía ha registrado un fraude eléctrico cercano a los 70,2 millones de kWh, de los cuales el 18,8% se destinó a cultivar marihuana. La provincia de Granada lidera el uso ilícito de energía para este fin, seguida por Almería y Sevilla. Este fenómeno refleja una problemática creciente que impacta en la seguridad y la calidad del suministro eléctrico en la región.

El fraude eléctrico, vinculado a actividades ilegales de cultivo de marihuana, ha aumentado un 30% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior. Las fuerzas de seguridad han intensificado sus operaciones, con 10.996 expedientes abiertos, de los cuales 202 están relacionados con cultivos ilegales de marihuana. La manipulación del sistema eléctrico no solo implica pérdidas económicas para las compañías, sino que también genera riesgos para la seguridad pública y deteriora la infraestructura eléctrica.

El uso fraudulento de energía para estos cultivos tiene implicaciones directas en la calidad del suministro y en la vida cotidiana de los vecinos. Los cortes de electricidad provocados por estas manipulaciones afectan a zonas con alta concentración de actividades ilícitas, generando incomodidad y dificultades para hogares y negocios. Además, estos delitos alimentan una economía sumergida que dificulta la persecución y el control policial.

Desde una perspectiva política, la creciente incidencia de fraudes eléctricos ligados al cultivo de marihuana intensifica la presión sobre las administraciones para reforzar la vigilancia y la regulación del sector energético. La lucha contra estos delitos requiere una coordinación efectiva entre las empresas eléctricas y las fuerzas de seguridad, además de una posible revisión de las políticas de control y sanción en la región.

A largo plazo, la tendencia indica que el problema de fraude eléctrico en Andalucía podría mantenerse o agravarse si no se implementan medidas preventivas y tecnológicas más eficientes. La necesidad de reforzar los controles y de promover políticas que reduzcan la rentabilidad de las actividades ilegales será clave para reducir esta problemática, que también tiene repercusiones en la seguridad y en la economía regional.