GRANADA, 13 de diciembre.

La Audiencia Nacional ha tomado la decisión de archivar las diligencias que se habían iniciado contra un policía local de Granada, quien había sido detenido por presuntas conexiones con materiales yihadistas en La Zubia, un municipio del área metropolitana de Granada, a finales de marzo de 2024.

En el auto de archivo, emitido por el Juzgado Central de Instrucción 1 de Madrid y al que ha tenido acceso Europa Press, se establece el sobreseimiento provisional de las diligencias previas. Esto se debe a que no se presentan "nuevos elementos de información o prueba" que justifiquen la reapertura del caso relacionado con un supuesto delito de auto-adoctrinamiento terrorista.

El dictamen, fechado el 10 de diciembre de 2024 y firmado por el juez Santiago Pedraz en funciones de sustitución, indica que la Fiscalía solicitó el archivo del caso debido a que “no estaba debidamente acreditada la perpetración del delito” por parte del agente, quien ha sido defendido por el abogado Félix Fernández.

Tras revisar los dispositivos electrónicos que fueron intervenidos, la Guardia Civil elaboró un informe que apuntó que, según el auto, el agente supuestamente “utilizaba activamente redes sociales para actividades personales”, pero no se hallaron evidencias que confirmaran su participación en actos “delictivos” o en la “distribución” o “consumo” de “contenido radical”.

Asimismo, el documento también aclara que no se encontraron “pruebas de vídeos de índole radical o extremista” en el almacenamiento local de sus dispositivos ni en su historial de navegación en Internet, lo que refuerza la decisión de archivo de la causa, la cual es firme.

El policía local, que había estado de baja médica por razones psicológicas desde que se inició la investigación en su contra, había permanecido en libertad provisional desde el 30 de marzo. Con la decisión de la Audiencia Nacional, se levantan todas las medidas cautelares que pesaban sobre él, incluyendo la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días y la prohibición de salir del país.

Posteriormente a su detención por la Guardia Civil, la Audiencia Nacional también le había retirado tanto el pasaporte como la autorización para portar armas, tras llevar a cabo una vista por videoconferencia el 30 de marzo, en la que el agente desmintió cualquier vinculación que justificara su detención.