Un nuevo escándalo medioambiental ha salido a la luz en Sevilla, donde el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa a cinco individuos de la misma familia por su posible participación en delitos que afectan a los recursos naturales. Las acusaciones incluyen usurpación y falsificación de documentos, lo que añade un nivel de gravedad a la situación.

Esta es una fase más de la operación "Irrigatio", que comenzó en 2021, y ha revelado graves irregularidades en las localidades de Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río. El enfoque de la investigación ha sido un complejo agrícola que ha llevado a cabo una transformación ilegal de más de 400 hectáreas, convirtiendo suelo de secano en regadío.

Los investigadores han descubierto que estas tierras, que en su mayoría son explotaciones de olivos y, en menor medida, de naranjos, se suministraban con agua a través de métodos ilegales. Entre las tácticas utilizadas está la extracción de agua del río Guadalquivir sin los permisos requeridos, así como la perforación de pozos y sondeos sin autorización, incluso en periodos críticos de sequía.

Se estima que cerca de 270 hectáreas han sufrido esta transformación sin la necesaria concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con un daño ecológico que podría superar los seis millones de euros. La cifra de agua extraída anualmente se calcula en más de 829 millones de litros, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema.

La investigación ha puesto de relieve la compra masiva de terrenos agrícolas que luego se convirtieron fraudulentamente a regadío. Algunas fincas se adquirirían estratégicamente cerca de ríos, lo que parece sugerir un plan para maximizar la disponibilidad de recursos hídricos.

Se estima que estas actividades ilegales han proporcionado a los responsables beneficios anuales que podrían sobrepasar los tres millones de euros. Durante las inspecciones realizadas, se han identificado múltiples infracciones administrativas, evidenciando el desdén por las normativas vigentes en la materia.

Además, muchas de las explotaciones estaban equipadas con sistemas de cerramiento complejos, ocultando motores, pozos y sistemas de captación en estructuras cerradas para disimular sus actividades. La investigación también ha destapado la apropiación indebida de caminos públicos y vías pecuarias, obstaculizando el derecho de paso de la ciudadanía.

Por si fuera poco, se ha verificado que el grupo familiar en cuestión podría haber recibido ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea mediante la declaración fraudulenta de sus fincas, indicando tierras de regadío como si fueran de secano para acceder a subvenciones destinadas a la sostenibilidad y protección del medio ambiente. Esta información ya ha sido remitida al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) para su evaluación.

Es crucial mencionar que este grupo investigado en la actual fase de la operación es completamente diferente a los implicados en la etapa anterior, lo que resalta la posibilidad de una red más amplia de irregularidades en la región.

La operación sigue en marcha y no se descartan más acciones en los próximos meses, lo que subraya la importancia de cuidar el medio ambiente y asegurar un uso responsable de los recursos hídricos.