Comienza juicio por ERE en Sevilla: Surcolor vs Antonio Fernández, Barberá y Lanzas
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto comenzar hoy el juicio de la pieza separada de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, financiados con fondos autonómicos, que se refiere a las ayudas concedidas a Surcolor y Surcolor Óptica.
El juicio constará de un total de 35 sesiones hasta el 27 de noviembre, comenzando con dos sesiones esta semana.
Entre los acusados se encuentran varios exaltos cargos socialistas de la Junta, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Cabe destacar que Guerrero falleció en octubre de 2020 y tanto Fernández como Barberá cumplen condena por malversación en relación al mecanismo general de financiación de los ERE.
También están implicados el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, dos 'intrusos', los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León, y un representante sindical.
La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación por delito continuado de falsedad en documento oficial, delito continuado de prevaricación y delito de malversación para Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Lanzas y Juan Francisco Algarín. Además, pide ocho años de prisión para Rivas, seis años de cárcel para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de los acusados.
La acusación del PP-A solicita las mismas penas que la Fiscalía, añadiendo además dos años de cárcel por asociación ilícita. Por su parte, la Junta ha pedido la absolución de Fernández, Barberá, Márquez, Rivera y el representante sindical José Hurtado, solicitando penas de cárcel para el resto de los acusados.
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que la mercantil Surcolor solicitó en marzo de 2005 un ERE para la extinción de los contratos laborales de sus trabajadores. A pesar de que la Junta advirtió de "defectos y omisiones" en la solicitud, la empresa no los subsanó y el expediente fue archivado en mayo de 2005.
En 2006, los responsables de Surcolor contactaron con un letrado y con Juan Lanzas para conseguir fondos públicos de la Junta que cubrieran los pagos derivados de la extinción de los contratos laborales. Finalmente, se elaboraron dos estudios de renta por parte de Vitalia, con una cuota total de 2,7 millones de euros, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.
La Fiscalía sostiene que Rivas, con el conocimiento y consentimiento de Guerrero, instó a los extrabajadores de Vitalia a introducir como beneficiarios a dos personas que no formaban parte de la plantilla. Posteriormente, en junio de 2006, Guerrero suscribió una carta comprometiéndose a abonar los 2,3 millones a 26 extrabajadores de Surcolor.
Según la Fiscalía, los encausados sabían que no se había seguido ningún procedimiento y se trataba de una ayuda directa a las empresas, sin justificación ni fiscalización. Además, sostiene que Lanzas, a cambio de conseguir los fondos públicos, hizo que Algarín facturara a Surcolor, Surcolor Óptica e Indobarasa sin haber realizado ninguna prestación de servicios.