SEVILLA, 3 Nov.

Pasadas las 2,20 horas de la madrugada de este jueves concluía en la basílica de la Macarena la exhumación de los restos fatales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina, merced al requerimiento elaborado por el Gobierno central a la fraternidad a cuenta de las determinaciones de la última reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática, que prohíbe la existencia de restos de líderes del golpe de Estado de 1936 en sitios preeminentes de ingreso público.

Durante la noche de este pasado miércoles, los familiares de los convocados militares golpistas habrían accedido al interior del templo, a cuyas afueras era viable oír, sin contrariedad alguna para la audición, el golpeteo y repiqueteo de trabajos dentro suyo.

Pasadas las 23,30 horas salía de la basílica un primer vehículo fúnebre, una berlina de color obscuro, bajo la cobertura de varios noteros gráficos y cronistas que habían acudido a contemplar el acontecimiento, al que han asistido además de esto ciertos vecinos y ciertos hermanos de la Macarena a título individual, pero escasos.

Ya a las 1,22 horas de la madrugada accedía al interior del templo una furgoneta blanca de una compañía de servicios funerarios, y se reiniciaba el estruendos del repiqueteo en la basílica, situación que se extendió hasta el momento en que sobre las 2,04 horas empezaban a dejar caminando el templo los familiares de los militares, mientras que los causantes de la fraternidad lo hacían dentro de un turismo de gama alta. Entre ellos figuraría el hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero.

Finalmente, a las 2,20 horas salía del interior del templo la citada furgoneta de servicios funerarios, siendo exactamente la misma festejada por distintos familiares que proseguían aguardando a las puertas del recinto. Ante ello, la activista de memoria histórica Paqui Maqueda, que se encuentra en el sitio, empezó a vocear "honor y gloria a las víctimas del franquismo. Se termina la impunidad y se salda una deuda histórica", proclamas que ha repetido con insistencia, hasta ocultar de la escena los familiares de los militares.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ahora había explicado que tras remitir su departamento una carta a la fraternidad con el mencionado requerimiento, sostuvo una charla telefónica con el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, quien según sus expresiones mostró su "total sintonía" con la carta, que requería la exhumación y posterior traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina del templo de la entidad.

Y es que el producto 38.3 de la novedosa Ley de Memoria Democrática establece que "los restos fatales de líderes del golpe militar de 1936 no van a poder ser ni mantenerse inhumados en un espacio preeminente de ingreso público, distinto a un cementerio, que logre beneficiar la realización de actos públicos de ensaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo de la Guerra o la Dictadura".

Es mucho más, el producto 35.5 apunta de manera directa que "en el momento en que los elementos contrarios a la memoria democrática estén situados en inmuebles de carácter privado o espiritual, pero con proyección a un espacio o empleo público, la gente o instituciones sucesos o dueñas de exactamente los mismos van a deber retirarlos o removerlos".

La citada carta estatal fue emitida una vez que el hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, manifestase frente a la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática que su entidad se encontraba "aguardando que le comenten qué debe llevar a cabo"; estimando que la entidad no debía tomar una "resolución" propia al estar sus hermanos "divididos" sobre el tema y urgiendo al Gobierno a "arbitrar" un decreto para solucionar la situación.

Sobre el tema, recordémoslo, pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en el mes de julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto opuesto del PP, demandando exactamente que el templo de la fraternidad de la Macarena deje de acoger esa tumba, dado el papel del mencionado militar en los fusilamientos perpetrados en la localidad tras el golpe de Estado de 1936.

Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio informaba a la fraternidad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.

En paralelo, tengamos en cuenta que en razón de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a exactamente la misma, la Junta anunciaba en el mes de julio de 2018 la creación de un comité solicitado de producir un dictamen "vinculante" sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros "elementos contrarios a la memoria histórica que no hubieran sido retirados o eliminados de manera voluntaria por la parte de sus sucesos".

Pero en la previo legislatura autonómica, el Gobierno andaluz del PP insistía en que para arreglar la situacion de la tumba de Queipo de Llano todavía sería preciso un avance reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.

En paralelo, el Gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla aclaraba que mediaban "palmarias diferencias" entre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, ya que el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un "rincón privado de empleo público".