ALMERÍA, 11 de noviembre.

En un notable desarrollo judicial ocurrido recientemente, un empresario del sector agrícola ha sido condenado a un año de prisión tras admitir en la Audiencia Provincial su responsabilidad por tener a ocho empleados originarios de subsahara trabajando en uno de sus invernaderos ubicados en Níjar, Almería, sin contar con los debidos registros en la Seguridad Social.

El empresario, cuyas actividades han sido objeto de investigación, ha accedido a aceptar la pena solicitada por la Fiscalía, lo que ha llevado a una modificación del escrito de acusación inicial. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le ha impuesto una multa de cuatro euros diarios por un periodo de seis meses, lo que sumará un total de 720 euros a pagar.

Durante la audiencia llevada a cabo por la Sección Tercera, el presidente del tribunal, Luis Columna, emitió su fallo de manera verbal, tras observar que ambas partes habían llegado a un acuerdo. De acuerdo con este pacto, la pena de prisión se suspenderá durante un periodo de dos años, condicionando esta suspensión al hecho de que el acusado no cometa ningún delito adicional en ese tiempo.

El empresario fue acusado por el Ministerio Público de violar los derechos de los trabajadores, basándose en una investigación realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esta inspección tuvo lugar el 25 de enero de 2021 en una finca agrícola del paraje El Nazareno, donde el empresario era el administrador único de la empresa explotadora.

Según el relato de los inspectores, al llegar al lugar de trabajo encontraron a ocho empleados de origen subsahariano que, al notar la presencia de los funcionarios, intentaron evadir la situación y huyeron del lugar. La Fiscalía subrayó que ninguno de ellos estaba dado de alta en la Seguridad Social antes del inicio de sus actividades laborales, y se reveló que la empresa solo tenía registrados a cuatro trabajadores, quienes, curiosamente, no se encontraban trabajando en ese momento.