ALMERÍA, 27 de diciembre. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a cinco años de prisión impuesta al copiloto de una patera que transportaba a 14 migrantes de origen marroquí, quienes fueron rescatados en condiciones críticas, encontrándose la embarcación a la deriva y con la popa "semihundida" en el momento del hallazgo por parte de Salvamento Marítimo.

El tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado, sosteniendo así la condena por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Esto se fundamenta en el testimonio recabado en los juzgados de Almería, que pone de manifiesto indicios de un posible delito de falsedad documental en relación con el acta de nacimiento del acusado.

En su fallo, el TSJA aclara que el papel del acusado no fue el de "cómplice" en la expedición ilegal, ya que su función se limitaba al repostaje de la nave o al manejo del GPS. Según la jurisprudencia, los delitos cometidos no justifican la calificación de coautoría material ni de complicidad en este caso concreto.

Además, el tribunal sostiene que tanto el acusado como su cómplice "hicieron lo posible para llevar a cabo la peligrosa travesía marítima", utilizando una embarcación precaria en la que 14 personas pagaron entre 6.500 y 7.000 euros para poder viajar. Esta actitud evidencía una clara implicación en actividades que fomentan la inmigración ilegal.

El acusado, en colaboración con otra persona ya enjuiciada y con otros individuos desconocidos, había organizado el viaje desde las costas de Argelia. Según el relato de los hechos, días antes del 25 de mayo de 2023, se llevó a cabo la planificación de cómo trasladar "de forma clandestina" a los migrantes a España, manteniéndolos ocultos en una vivienda en Orán antes de zarpar alrededor de la 1:00 de la madrugada desde una playa cercana a Mostaganen.

Los migrantes abandonaron las costas argelinas a bordo de una embarcación de apenas dos metros de ancho, impulsada por un motor de 115 caballos. El timonel era el cómplice del acusado, mientras que este último desempeñaba tareas de apoyo mediante el manejo del GPS y el repostaje de combustible.

Antes de iniciar la travesía, el acusado ordenó a los migrantes que arrojasen la documentación que portaban. Además, utilizó un pasamontañas para ocultar su identidad y evitar su identificación durante la travesía.

Con el paso de varias horas, el motor de la patera comenzó a presentar fallos, reduciendo la velocidad y permitiendo que entrara agua en la embarcación. Ante la inoperancia de la bomba, todos los migrantes debieron achicar el agua "de forma manual", y arrojaron bidones de gasolina al mar para reducir el peso, teniendo que detenerse hasta en tres ocasiones.

A pesar de sus intentos, el motor se detuvo completamente, dejando a la patera a la deriva durante horas. Fue sólo gracias a la intervención de una embarcación de recreo que pasó por la zona que se alertó a Salvamento Marítimo, logrando el rescate de los migrantes por parte de la Salvamar Spica alrededor de las 12:25 horas, a unos 3,71 kilómetros de la costa de San José, en Níjar (Almería).

En el momento del rescate, todos los ocupantes se encontraban en la proa de la embarcación, mientras que la popa estaba "semihundida" y fueron salvados en condiciones críticas.

La sentencia también detalla la precariedad y los riesgos asociados a la travesía, señalando que el casco y la hélice del motor estaban "muy deteriorados", lo que comprometía la flotabilidad de la embarcación, la cual no estaba en condiciones de realizar un trayecto que supera las 85 millas náuticas.

Asimismo, la embarcación carecía de equipo de salvamento adecuado, como chalecos salvavidas para todos los ocupantes, balsas o aros. No contaba con balizas de señalización ni bombas de achique en funcionamiento, y tampoco se había provisto de comida ni bebida adecuadas para los ocupantes, quienes estaban rodeados de varios bidones de combustible de 30 litros cada uno, aumentando el riesgo de deflagración en caso de un incidente.