ALMERÍA, 18 Mar.

La Audiencia Provincial de Almería ha culpado a penas de hasta ocho años y cinco meses de prisión y al pago de multas millonarias a siete integrantes de una red, donde se infiltraron tres agentes de la Guardia Civil, cuyos integrantes procuraron ingresar en España mucho más de 4.700 kilogramos de hachís en una operación por vía marítima en el mes de abril de 2021.

Según la sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso de apelación, los agentes correspondientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lograron entrar al seno de la trama tras comprender en el mes de septiembre de 2020 que sus integrantes procuraban ayudantes para contemplar una operación que pretendía ingresar por el sur del país un sinnúmero de estupefaciente.

La red tenía múltiples integrantes con funcionalidades de forma plena distinguidas, tal es así que entre los agentes contactó con el que se encontraba solicitado de reclutar a probables ayudantes para hacer el plan y hacerse con un sinnúmero de sustancia que viene de Marruecos.

Fue de esta manera, en el transcurso de un primer acercamiento en Valencia, de qué manera el hombre, culpado por último a siete años y 4 meses de prisión, descubrió al agente que sostuvo esconde su identidad las pretensiones que tenía la organización, firmes esencialmente en tener una embarcación que pudiese recibir en mar adentro la sustancia y llevarla a las costas españolas.

A tenor de tales datos y en coordinación con la Fiscalía Antidroga de Almería y el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, se autorizó la actuación de tres agentes enmascarados que entraron en contacto con el resto de la organización para hacer el traspaso de los fardos de hachís en un punto antes preciso en el mar y su posterior descarga en tierra estable.

La resolución judicial, que condena a los acusados por pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública, ubica a M.L.M. en la cúspide de la banda, con 2 acusados mucho más a su cargo para efectuar funcionalidades organizativas adjuntado con el acusado con el que contactó el agente, que se encargaba de reclutar mucho más personal. A partir de ahí, se desplegaba una red secundaria de encargados y comisionados encargados de realizar las órdenes.

Los agentes se triunfaron la seguridad de los acusados, quienes tras realizarles pagos por 38.000 euros les encargaron la obtenida de múltiples fardos de hachís dentro de un pesquero usado por los infiltrados bajo unas órdenes exactas de de qué manera debían accionar. Así, el día de la operación los agentes se hicieron con 155 fardos de hachís, de unos 30 kilogramos cada uno de ellos, que les fueron otorgados por ocho personas que iban dentro de 2 lanchas veloces pertrechadas con poderosos motores fueraborda.

Dado que la sustancia fue requisada, el líder de la banda, frente a las supones de que sus inferiores habían sustraído el estupefaciente, se presentó en Marbella (Málaga) en la casa de ellos adjuntado con otro hombre, quien "dio una paliza" a uno por "no ofrecer señales de vida y no ofrecer noticias" sobre la mercancía.

Al día después, el 'cabecilla' de la trama encargó a 2 hombres y a su hijo, individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta contra el que se prosigue otro trámite a través de Fiscalía de Menores, asistir a Conil de la Frontera (Cádiz) donde los agentes enmascarados les facilitaron 20 fardos de los 155 aprehendidos, por los que fueron pagados con 192.000 euros. Tras ello, los agentes detuvieron a los implicados exactamente en el mismo sitio de los hechos y también intervinieron sus turismos y móviles inteligentes.

Al mismo tiempo, se hicieron múltiples entradas y registros en las casas de los implicados, repartidas por diversos puntos de la Costa del Sol. La substancia aprehendida una vez analizada resultó ser resina de cannabis con un peso neto 4.756,4 kilogramos, que habría alcanzado en el mercado negro un valor de sobra de 9,4 millones de euros.

La sentencia de cincuenta de folios respalda en sus argumentos la actuación de los agentes enmascarados tal como la idoneidad de los métodos y también instrumentos empleados para hacer la investigación y la rivalidad de las autoridades judiciales para autorizar ciertas acciones en relación a las alegaciones realizadas por las defensas.

Con ello, la salón de la Sección Segunda repudia de chato que los agentes enmascarados actuasen como "agentes provocadores", como mantuvieron las defensas, quienes manifestaron que los agentes "incitaron" la comisión del delito y "facilitaron todos y cada uno de los medios precisos para su comisión".

Frente a ello, el tribunal apunta la presencia de "ánimo delictivo propio en los autores", una actividad policial "únicamente estudiosa" y una conducta "consecuencial" de los estudiosos basado en la conducta de los investigados. "No es el agente encubierto el que hace las iniciales diálogos para la operación a desplegar, sino más bien del revés".

Con ello, el propósito de los agentes era "la investigación y control del delito, no para llevarles a la comisión del mismo, puesto que esta comisión ahora se encontraba predefinida, quitando únicamente los datos parte de la operativa desarrollada".

"Dado que los agentes enmascarados hayan participado en la actividad de tráfico de drogas, habilitados por la parte de Fiscalía y del Juzgado, no quiere decir que se intente un delito causado", mantiene la salón alén de las afirmaciones de las defensas e inclusive de ciertos acusados que aseguró sentirse "presionado" por unos agentes que calificó de "corruptos".