Crónica Andalucía.

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Confianza en la resolución del conflicto con la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de la Junta

Confianza en la resolución del conflicto con la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de la Junta

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha expresado su confianza en que se resuelva esta semana el problema administrativo relacionado con la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la reapertura de la corta minera de Aznalcóllar en Sevilla. Esta mina fue cerrada en enero de 2002 tras un desastre natural en 1998 que resultó en la fractura de la balsa de residuos de metales pesados. La decisión fue tomada cuando la mina era operada por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa). La semana pasada, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó una corrección de la resolución.

En una reunión de trabajo en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Paradela ha asegurado que la autorización sigue vigente y espera que se reactive pronto. La corrección publicada en el BOJA detalla un error en una resolución anterior, la cual había limitado la autorización a La Rinconada en lugar de incluir los municipios de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina y Santiponce en Sevilla.

Actualmente, la autorización ambiental unificada está temporalmente suspendida debido a un recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción el 12 de agosto. En su recurso, el grupo ecologista menciona presuntas irregularidades en diversos aspectos del proyecto, como la falta de evaluaciones adecuadas y la omisión de informes necesarios según la ley.

Ecologistas en Acción sostiene que, al no recibir respuesta a su solicitud de suspensión, la autorización se ha suspendido automáticamente, de acuerdo con la ley. Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha confirmado que está trabajando en la resolución del recurso, respetando la legalidad y la seguridad jurídica.

El proyecto de reapertura de la mina contempla la creación de aproximadamente 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos para extraer 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, como cobre, zinc y plomo, durante al menos 17 años después de una fase inicial de tres años. A pesar de las previsiones económicas positivas, las organizaciones ecologistas han advertido repetidamente sobre los posibles impactos ambientales, especialmente en los recursos hídricos.