SEVILLA, 27 de noviembre. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía, José Antonio Nieto, ha expresado un optimismo rotundo ante el reciente nombramiento de Teresa Peramato como nueva Fiscal General del Estado, designación que ha recibido el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nieto lamentó que este nombramiento no se hubiera realizado hace siete años, en vez de los intentos fallidos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez en el pasado.

En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, Nieto elogió la trayectoria profesional de Peramato, quien cuenta con 35 años de experiencia en la Fiscalía. A su juicio, su nombramiento es una elección acertada, ya que se trata de una persona seria y profesional, a pesar de que su ideología política pudiera diferir. Subrayó que lo fundamental es que dicha ideología se mantenga al margen de sus decisiones judiciales, priorizando siempre la legalidad y el respeto a la normativa vigente.

El consejero también destacó la difícil labor que enfrentará la nueva Fiscal General, pues su deber será restaurar la dignidad de una Fiscalía que ha sido afectada por diversas controversias en los últimos tiempos. Además, deberá demostrar que la independencia del Ministerio Público es esencial para el buen funcionamiento del sistema judicial español.

Estas declaraciones llegan tras la decisión del Consejo General del Poder Judicial de declarar a Peramato idónea para el cargo, en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien fue destituido tras su condena en el Tribunal Supremo. García Ortiz había sido el único nombramiento del órgano judicial que fue calificado como "no idóneo".

Los miembros del CGPJ, tanto de inclinación progresista como conservadora, coincidieron en que Peramato cumple con los requisitos necesarios para el puesto. A lo largo de los años, el informe del consejo había sido favorable hacia los candidatos designados por el ejecutivo, exceptuando el caso de García Ortiz. Aunque inicialmente recibió el visto bueno al asumir el cargo, su renovación fue rechazada tras las recientes sentencias.

El anterior CGPJ, que contaba con una mayoría conservadora, se opuso a la permanencia de García Ortiz en el cargo, alegando irregularidades en sus decisiones, como el ascenso de su predecesora Dolores Delgado en el ámbito de la carrera fiscal. A esto se sumaron acusaciones de favoritismo hacia su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y su falta de acción frente a las denuncias sobre 'lawfare' contra fiscales involucrados en el 'procés'.