• sábado 4 de febrero del 2023

Cuando menos 23 detenidos en Sevilla, Almería y Barcelona por el estafa de sobra de 6 millones de una compañía de seguridad

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La investigación arrancó tras una demanda por impago de sueldos a 600 trabajadores

MADRID, 2 Ene.

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que, a través de una compañía de seguridad privada, se dedicaba presuntamente al blanqueo de capitales y que habría defraudado mucho más de 6 millones y medio de euros a la Seguridad Social, una operación que se ha saldado por ahora con 23 detenidos en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona, si bien no se desechan novedosas detenciones.

Las pesquisas policiales señalan a un presunto estafa a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros y a una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros, según ha comunicado este lunes la Policía en una nota informativa.

Según con la Policía, la presunta actividad fraudulenta se hacía desde una compañía de seguridad privada que llegó a dejar de abonar a los trabajadores y cedía de manera ilegal sus servicios y facturación a otra compañía de seguridad.

En nueve registros, los agentes han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares estadounidenses americanos en efectivo, aparte de siete automóviles, tres pistolas --una de ellas detonadora--, una carabina de perdigones y cantidad considerable de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, tal como munición para arma corta.

Se ha constatado la participación de 26 personas y por el momento se ha detenido a 23 en Barcelona, en la ciudad almeriense de Albox y en los ayuntamientos hispalenses de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital.

La investigación arrancó en el mes de marzo de 2022 a causa de una demanda contra una compañía de seguridad privada que no pagaba las nóminas a 600 trabajadores desde diciembre de 2021.

También, la compañía cobraba la facturación de sus clientes del servicio y traspasaba clientes del servicio y contratos a otras compañías, con el propósito --según la Policía-- de descapitalizar a la mencionada mercantil, al tiempo que eludía los obligados pagos a sus acreedores.

En la demanda, además de esto, se señalaba que los administradores de la compañía, detenidos en la operación, actuaban como testaferros de entre los cabecillas de la organización, al que se estudiaba desde 2019 y que fué detenido al lado de su mujer.

El líder del conjunto habría prestado a los viejos dueños de la mercantil mucho más de un millón de euros para procurar reflotar la compañía, pero al no poder devolver ese dinero, los dueños le entregaron la compañía a fin de que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes del servicio.

De este modo las cosas, los nuevos dueños dejaron de abonar, incluyendo las nóminas de los usados, y estarían cediendo de manera ilegal sus servicios y su facturación a otra compañía de seguridad, administrada por el mencionado prestamista a través de un testaferro.

Poderosamente jerarquizada y experta en la comisión de delitos económicos como estafa fiscal, estafa a la Seguridad Social, estafa, falsedad reportaje y apropiación incorrecta, la organización investigada se dedicaba al blanqueo de las ventajas logrados y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, cuando menos, otros 2 conjuntos a los que prestaban sus servicios, según la Policía.

Para llevar a cabo estas operaciones simulaban transferencias comerciales entre sociedades enlazadas, justificando de esta forma entradas y salidas de fondos de sus cuentas corrientes por un importe, entre los años 2016 y 2021, mayor a los 27 millones de euros.

El conjunto tenía una larga red de ayudantes y una composición societaria con mucho más de 80 sociedades y 30 testaferros, por medio de la que simulaba transferencias comerciales que le dejaban desplazar el dinero en el circuito legal y conseguir la titularidad de unos 70 inmuebles y un elevado número de automóviles de gama alta.

Los agentes reafirmaron la viable comisión de delitos de frustración de la ejecución, estafa fiscal, estafa a la Seguridad Social, apropiación incorrecta y cohecho, por los precedentes administradores de la compañía y en connivencia con el líder de la organización.

Aparte de las incautaciones, se ha procedido al bloqueo de 169 cuentas corrientes (39 de personas físicas y 130 de sociedades), en las que hasta el día de hoy se han encontrado mucho más de 300.000 euros. También se realizaron notas precautorias de embargo de 67 recursos inmuebles, en una investigación que prosigue abierta y donde no se desecha una segunda etapa con novedosas detenciones.

En los registros participaron cien agentes y se han realizado tanto en viviendas particulares como en despachos y compañías, donde se ha intervenido material electrónico y documentación.

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