El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha emitido una sentencia absolviendo al exdirector de la comercializadora hortofrutícola CASI, Antonio González, quien enfrentaba acusaciones junto al difunto expresidente de la entidad, José María Andújar, por presuntas pérdidas millonarias derivadas de prácticas irregulares. La Fiscalía solicitaba un año de prisión para González, pero finalmente se le exoneró debido a las demoras injustificadas en el proceso judicial, que se prolongó desde 2019 hasta la fecha del fallo. Por su parte, los cargos contra Andújar fueron retirados después de su fallecimiento en 2022.
En su veredicto, la jueza argumenta que no se ha podido probar que González haya obstaculizado la participación de determinados socios en la producción y venta de tomate en la variedad 'Cocktail', supuestamente alterada durante las campañas 2012-2013 y 2013-2014. Asimismo, se exime al acusado de haber establecido precios de compra superiores a los de venta, beneficiando a un reducido grupo de cooperativistas en perjuicio de CASI.
La resolución judicial señala que los registros informáticos de la cooperativa que detallaban las transacciones relacionadas con el tomate 'Cocktail' fueron eliminados de manera sospechosa, sin que se pueda determinar la autoría ni la intención detrás de esta acción. Además, no se ha demostrado si se descontaron los costos de manipulación, envasado, transporte y comercialización al fijar el precio de compra a los productores.
Durante las campañas mencionadas, la comercialización del tomate 'Cocktail' se realizó de forma directa, sin recurrir al sistema de subastas tradicional. Esto permitió a la dirección de la cooperativa establecer precios de compra discrecionales, que en algunos casos resultaron en cuantiosas pérdidas para CASI.
En la campaña 2012-2013, las ventas de tomate 'Cocktail' generaron pérdidas de más de 300.000 euros para la cooperativa, mientras que en la siguiente campaña se tiraron más de 260.000 kilos de este producto, generando elevados costos adicionales para CASI. A pesar de estos datos, la jueza determinó que no hay pruebas contundentes de mala praxis por parte del exdirector en el manejo de esta situación.
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